Los tortilleros han señalado que la cadena de costos, la informalidad en el sector y la sobreoferta de negocios hacen que sea “insostenible” mantener el precio de la tortilla sin cambios, lo que genera un conflicto con el Gobierno mexicano, que sostiene que no hay razones para un aumento debido a que los precios del maíz y la harina permanecen bajos.
Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), declaró a EFE que el verdadero problema no radica en el costo del maíz, que se ha mantenido estable, sino en toda la cadena de valor para la producción de tortilla. Esto incluye costos relacionados con salarios, impuestos, seguridad social, licencias, dictámenes de protección civil, papel grado alimenticio, refacciones y suministros energéticos.
“Ya es insostenible mantener este precio”, reiteró, señalando que un incremento en el precio de la harina solo tendría un efecto marginal de aproximadamente 25 centavos por kilogramo, comparado con otros costos acumulados durante los últimos tres años que ya están afectando a los márgenes de los comerciantes.
López también mencionó que la competencia desleal del sector informal es uno de los factores más significativos que distorsionan el mercado. En México existen más de 130 mil tortillerías, con un consumo promedio de más de 65 kilogramos anuales por persona, lo que equivale a cerca de seis tortillas diarias. El costo promedio de la tortilla es de 24.2 pesos, con precios que oscilan entre 15.75 y 31 pesos.
“No puedo aceptar que el negocio informal esté acabando con el formal”, comentó López, quien estimó que al menos la mitad de los establecimientos operan en la informalidad y añadió que hay un exceso del 280 por ciento en el número de tortillerías, lo que disminuye el volumen de ventas por negocio y afecta la rentabilidad general.
El líder de los tortilleros también destacó los abusos de autoridad y corrupción local, así como los incrementos constantes en insumos, por ejemplo, refacciones que duplican su precio hasta cuatro veces al año. En los últimos tres años, han observado un aumento del 17% en la cadena de costos.
Aunque el Consejo no tiene la facultad de fijar precios por razones legales, López consideró que hay condiciones para ajustes regionales, sugiriendo posibles incrementos de uno o dos pesos en Ciudad de México y de hasta cuatro pesos en otras regiones, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar abusos. También mostró disposición para colaborar con el Gobierno en iniciativas como la digitalización y pagos con tarjeta.
