Esta mañana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció logros en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, indicando que en seis meses se han prevenido más de 90 mil intentos de este delito y se han arrestado a 721 individuos.
Según la dependencia, entre las medidas implementadas se encuentran la colocación de inhibidores de señal, así como operativos para confiscar teléfonos celulares y tarjetas SIM en los centros penitenciarios, con la finalidad de limitar la actividad de redes de extorsión que operan desde esos lugares.
SSPC también hizo un llamado a la población para que informe sobre estos delitos a través del número 089, como parte del sistema de atención y respuesta a denuncias relacionadas con este crimen.
En contraste con las cifras oficiales, expertos en seguridad pública han destacado que la extorsión sigue siendo un fenómeno en aumento en varios sectores productivos del país, sobre todo en áreas rurales o donde la presencia institucional es limitada.
En una entrevista para Infobae México, el investigador y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, mencionó que sectores como la agricultura, la ganadería y la minería son de los más vulnerables, ya que suelen desarrollarse en zonas con menos vigilancia, lo que facilita la actuación de grupos delictivos.
Recientemente, se han documentado casos que evidencian la incidencia del delito en diversas regiones del país, involucrando actos violentos contra trabajadores en áreas mineras y desapariciones de empleados en varias localidades.
Extorsión, muy rentable porque no requiere inversión
Según el especialista, la extorsión se ha convertido en una de las actividades ilícitas más lucrativas para las organizaciones criminales, ya que no demanda una inversión significativa y genera ingresos constantes. Este fenómeno ha sido evidente desde principios de los años 2000, especialmente en sectores como la minería.
El transporte de carga también se encuentra entre los principales objetivos, ya que en este sector los productos transportados son muy demandados en mercados ilegales. Esta situación ha dado lugar a esquemas de cobro a los operadores, permitiéndoles atravesar ciertas regiones con sus mercancías.
La presión ejerce tanto sobre grandes empresas como sobre cadenas logísticas de alimentos y otros productos esenciales, generando costos adicionales y afectando operaciones en diversas áreas del país.
En este contexto, mientras las autoridades reportan avances en la contención del delito, especialistas advierten que su persistencia en regiones estratégicas mantiene un ambiente de riesgo para trabajadores, empresas y comunidades en diversas partes del territorio nacional.
