A pesar de la disminución en el número de periodistas asesinados, México sigue siendo considerado un país peligroso para el ejercicio del periodismo. La impunidad persiste y se intensifica la crítica y los ataques desde el Poder Ejecutivo hacia los periodistas y sus medios, según lo expone el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa.
El documento indica que, aunque el Estado no lleve a cabo directamente los asesinatos, no ha logrado garantizar la seguridad de los comunicadores. Durante el periodo analizado, de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, se registraron nueve homicidios de periodistas en el país.
La investigación realizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se basó en las evaluaciones de 195 expertos en libertad de expresión de 23 naciones.
Se destaca que este periodo corresponde con el cambio en el Poder Ejecutivo de México y se observa que, según la opinión pública, ha habido poco o ningún cambio en el tono sistemáticamente condenatorio hacia la prensa independiente.
México se posiciona en el grupo de “Alta Restricción” junto a Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, Haití, Cuba y El Salvador, obteniendo 34.9 puntos sobre 100 en esta clasificación, lo que representa una caída de cinco lugares respecto a la medición anterior, reflejando su calificación más baja desde 2020.
El informe subraya que el entorno del Poder Ejecutivo fue el mayor señalado en situaciones adversas a la libertad de expresión, seguido de cerca por el Legislativo, ambos con influencias catalogadas como ‘Moderadas’. A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha manifestado en contra de la censura, su administración ha incrementado los controles sobre el acceso de los medios a la información pública y al sector de telecomunicaciones.
Además, la investigación destaca un nuevo riesgo, donde gobernadores y otros funcionarios han recurrido a demandas civiles para silenciar críticas. Un caso emblemático fue la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del periodista Jorge Luis González Valdez, que resultó en el cierre del medio Tribuna por dos años y la prohibición del ejercicio periodístico para González Valdez por el mismo periodo.
Represión en la región
El informe señala que América Latina se dirige hacia una etapa de procesos electorales y cambios geopolíticos que podrían redefinir el panorama informativo, generando nuevos desafíos para la defensa de la libertad de prensa.
El análisis indica que este periodo ha sido uno de los peores para el periodismo en la región, con homicidios, detenciones arbitrarias y mayores niveles de impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.
Los presidencialismos autoritarios en las naciones peor evaluadas han influido en la situación adversa relacionada con las libertades de expresión y de prensa, según el informe. La mayoría de los jueces atribuyen al Poder Ejecutivo la mayoría de los problemas en estas libertades.
A lo largo de los años, el uso de publicidad oficial ha sido un tema de debate público debido a su potencial para controlar la información. El informe enfatiza la necesidad de establecer controles rigurosos sobre la publicidad oficial para prevenir su uso como una herramienta de censura indirecta.
Históricamente, la publicidad oficial había sido un mecanismo de control indirecto, pero se ha limitado bajo la actual administración a medios alineados con una ideología particular de izquierda. Por ejemplo, el diario La Jornada recibió, en 2024, 233 millones de pesos en publicidad.
De acuerdo con la organización Artículo 19, entre 2019 y 2023, 921 medios recibieron publicidad oficial, de los cuales diez concentraron casi el 49% de los recursos, mientras que 911 medios compartieron el resto; Televisa, La Jornada y TV Azteca son los que más reciben.
Asesinatos y violencia
El Índice Chapultepec advierte que el acoso judicial y la violencia continúan, con una alarmante tasa de agresiones y una impunidad generalizada.
Aunque ha disminuido el número de homicidios de periodistas, la falta de acciones del gobierno para protegerlos agrava la percepción de un entorno restrictivo y peligroso.
El informe recomienda la implementación de mecanismos de protección más efectivos, ya que, a pesar de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) es responsable de las investigaciones, la mayoría de los casos permanece sin resolución.
Desde su fundación en 2010 hasta 2024, la Feadle ha abierto 2,371 investigaciones, de las cuales solo 201 han sido resueltas, lo que representa una impunidad del 84.7%. Si se consideran solo las sentencias condenatorias, la impunidad alcanza el 98.27%.
A pesar de la existencia de fiscalías especializadas y la aprobación del Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión en 2017, la mayoría de los casos no avanzan en el proceso judicial, perpetuando la impunidad.
Con información de Proceso
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