La caída de México del puesto 11 al 18 en el Índice Chapultepec en un periodo de cinco años se atribuye, además de la constante violencia contra periodistas, a la impunidad y a la ineficacia de los mecanismos de protección, así como al creciente uso del sistema judicial para presionar a medios y al acoso por parte de autoridades.
México ha experimentado un deterioro notable en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Pasó del puesto 11 en 2020 y 13 en 2024, a la posición 18 en la edición de 2025, marcando su primera inclusión en el grupo de países con alta restricción a estos derechos.
Esta caída refleja un retroceso sostenido en el clima para el ejercicio del periodismo en los últimos años, caracterizado por la persistente violencia contra comunicadores, la impunidad y la ineptitud de los sistemas de protección, el uso creciente de la justicia para presionar a medios, el hostigamiento de autoridades locales y las limitaciones al acceso a la información pública.
En 2020, cuando empezó a medirse el índice, México se situaba en la categoría de “restricción” a estas libertades. Sin embargo, cinco años después, el país descendió a la categoría de “alta restricción”, que representa una situación más crítica según el barómetro de libertades de expresión y prensa.
Para la edición 2025, México obtuvo 34.9 puntos de un total de 100, lo que representa una disminución de 8.6 puntos en comparación con la medición anterior, que había contabilizado 43.5 puntos. Además, el país cayó cinco posiciones en un solo año, registrando la calificación más baja desde la creación del índice.
Con este resultado, México se sitúa entre los países con fuertes restricciones en el continente, junto a Ecuador (14), Bolivia (15), Honduras (16), Perú (17), Haití (19), Cuba (20) y El Salvador (21).
En la presentación del Índice Chapultepec 2025, el coordinador del estudio, León Hernández, destacó que el descenso de México refleja sobre todo la ineficiencia del Estado para proteger a los periodistas y la utilización de mecanismos legales para presionar a la prensa. Aunque las autoridades no son directamente responsables de los asesinatos, la falta de capacidad institucional para prevenir y sancionar estos crímenes crea un entorno de vulnerabilidad estructural para el periodismo.
Violencia, impunidad y acoso judicial: obstáculos a las libertades
Entre los factores más destacados en el retroceso de las libertades de expresión y prensa en el país, se encuentran la violencia constante contra periodistas y los pobres resultados en la protección del gremio. Durante el periodo analizado, se registraron nueve asesinatos de comunicadores en México, mayormente a manos del crimen organizado.
Si bien el Estado no se presenta como autor directo de estos homicidios, el informe advierte que no ha garantizado la seguridad de los periodistas, lo que mantiene a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Esta realidad se refleja en la puntuación de actuación del Estado frente a la violencia e impunidad, donde México obtuvo 6.93 puntos de un total de 40, una de las calificaciones más bajas del índice.
El estudio identifica al Poder Ejecutivo como el agente estatal con mayor incidencia negativa sobre la libertad de expresión, seguido del Poder Legislativo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su oposición a la censura, el informe señala que su administración ha incrementado el control sobre el acceso a la información pública y sobre el sector de telecomunicaciones.
Además, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios han recurrido a demandas civiles y procesos judiciales como medio para intentar silenciar críticas periodísticas. Un caso citado es la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra el periodista Jorge Luis González Valdez, donde se ordenó el cierre de su medio, Tribuna, durante dos años, prohibiéndole además ejercer el periodismo en ese lapso.
Limitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión ciudadana
El informe también resalta las restricciones en el ejercicio de la libertad de expresión de la ciudadanía. En la dimensión de ciudadanía informada y libre de expresarse, el país alcanzó 8.91 puntos de 30 posibles, lo que evidencia limitaciones en el acceso a la información y en el debate público. En contraste, la dimensión control de medios y periodismo, que evalúa el entorno normativo para la sostenibilidad de la prensa independiente, obtuvo 19.06 puntos de 30, un desempeño considerado intermedio.
El Índice Chapultepec de la SIP evalúa el estado de la libertad de expresión y de prensa en 23 países del hemisferio, a partir de variables como la seguridad de los periodistas, la independencia editorial, la transparencia institucional y el respeto al derecho ciudadano a la información.
