San Quintín, Baja California — La creciente ola de protestas que recorre las calles de San Quintín tiene un nombre y un rostro: Miriam Cano, presidenta municipal cuya permanencia en el cargo se ha convertido en el catalizador de un descontento popular que no se ve en años recientes.
Los últimos acontecimientos —incluyendo la agresión protagonizada por su hijo — han encendido todavía más la llama de la indignación colectiva. Más allá del hecho aislado, lo que se percibe es una imagen de impunidad y desconexión entre las autoridades y la sociedad que juraron servir.
Cientos de ciudadanos han salido a manifestarse pacíficamente, reclamando justicia, respeto y un liderazgo que represente los intereses del pueblo y no los privilegios de unos pocos. Los reclamos no son capricho ni mera rabia momentánea: son el reflejo de una comunidad que ha perdido la fe en sus instituciones.
En este contexto, la permanencia de Miriam Cano al frente del municipio no solo agrava la tensión social, sino que obstaculiza la posibilidad de un retorno a la calma y la convivencia pacífica. Cuando una autoridad pierde la confianza de la gente, su continuidad termina siendo toxica para la gobernabilidad.
La exigencia de renuncia no es un llamado a la inestabilidad, sino una petición clara y urgente de un pueblo que quiere ser escuchado. San Quintín merece paz, justicia y un gobierno que no genere—sino que mitigue—el conflicto.
La violencia protagonizada por el hijo de una presidenta municipal no querida solo ha servido para demostrar lo que muchos ya sospechaban: que los intereses personales han opacado el deber público y que sin cambios reales, la crisis seguirá escalando.
Es por eso que la salida de Miriam Cano es hoy, no mañana: un paso necesario para el desahogo social, el restablecimiento de la tranquilidad y la apertura de un nuevo capítulo de reconciliación en San Quintín.
