El creador de contenido y famoso influencer Marco Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Markitos Toys, ha presentado una demanda de amparo en un juzgado federal en Mexicali. Esta acción busca protegerlo de posibles actos que amenacen su libertad, incluyendo órdenes de extradición o destierro.
La demanda fue admitida en el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California y está dirigida contra la Presidenta de la República y otras autoridades pertinentes.
Markitos Toys solicita el amparo debido a “órdenes verbales o escritas emitidas en su contra que atenten contra su libertad de tránsito, tanto terrestre como aéreo”.
Además, busca protección constitucional contra actos que comprometan “su salud y su vida, así como la posibilidad de ser detenido, agredido, vejados, desaparecido o enfrentarse a un procedimiento ilegal ya sea penal o administrativo”.
Entre las autoridades mencionadas en su solicitud están los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, el fiscal General de la República (FGR), el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y el titular de la Guardia Nacional (GN).
En su demanda, también se alude al director general de Asuntos Jurídicos de la SRE, así como a la directora de Cooperación Penal Internacional y al director general de Asuntos Policiales Internacional e Interpol.
La solicitud de amparo relacionada con la detención y actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución está bajo revisión para determinar su admisión, desechamiento o declinación de competencia. Por el momento, la jueza Karla Garay Díaz ha otorgado una suspensión con respecto a posibles actos de maltrato, destierro o extradición.
Originario de Culiacán, Markitos Toys ha ganado popularidad en redes sociales al exhibir su lujoso estilo de vida, que incluye viajes a Europa y el Caribe, automóviles de alta gama y adquisiciones extraordinarias como una avioneta para su padre. Sin embargo, es identificado por las autoridades de México y Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el grupo de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán.
Castro Cárdenas, junto a algunos miembros de su familia, es objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a su posible implicación en la introducción de recursos económicos ilícitos al sistema financiero nacional. Estos vínculos han culminado en actos violentos, como el asesinato de su hermano Gail Castro y los ataques a restaurantes asociados a él en Culiacán, exacerbados tras la captura de Ismael “Mayo” Zambada en julio de 2024.