El Secretario General del Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, ha sido nombrado para iniciar conversaciones con los manifestantes del ayuntamiento de San Quintín, quienes exigen mejoras en la gestión de la alcaldesa Miriam Cano Núñez.
Ante la petición de los protestantes, Cárdenas se comunicó con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el presidente del Congreso del Estado, Jaime Cantón Rocha, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Manuel Molina García.
El presidente del Congreso designó a la diputada Evelyn Sánchez Sánchez como enlace para seguir de cerca el tema desde el Poder Legislativo. La legisladora se trasladó desde Tijuana para recibir oficialmente el pliego petitorio de los manifestantes.
Después de las conversaciones, se acordó despejar la carretera, la cual estaba bloqueada desde las 6:00 PM del viernes. También se establecieron otros acuerdos, incluyendo la destitución del director de Seguridad y Protección Ciudadana, y se programó una reunión de trabajo para el próximo martes con participación del Congreso, Gobierno del Estado y Ayuntamiento de San Quintín, para abordar las inquietudes planteadas.
Los manifestantes mencionaron inconsistencias en la aprobación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 y solicitaron la revocación de mandato de la alcaldesa. Argumentan que hay “irregularidades administrativas, supuestas omisiones en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y acciones que afectan el interés público y el funcionamiento de la administración municipal”.
Solicitan, además, una auditoría integral al Ayuntamiento de San Quintín que incluya, particularmente, las áreas de Tesorería Municipal, Oficialía Mayor, Presidencia, Bienestar Social, Seguridad y Protección Ciudadana, así como Secretaría General de Gobierno. Requieren que se presente un listado completo de las colonias que recibirán beneficios del Ramo 33, especificando el nombre de la colonia, obra autorizada, montos asignados, fechas de ejecución y entrega.
En términos de transparencia y acceso a la información, demandan que los resultados derivados del pliego petitorio sean públicos y que se garantice la participación ciudadana en todos los procesos de revisión, auditoría o acciones relacionadas con sus solicitudes. También expresan descontento por la aprobación de la Ley de Ingresos 2026, alegando que no refleja las verdaderas necesidades de la población, y piden una reducción general del 10 por ciento en impuestos y derechos, instando al Congreso del Estado a reconsiderar lo aprobado para asegurar equidad y justicia social.
