La Sindicatura municipal de Rosarito ha reservado, de manera opaca e inexplicable, un total de 32 expedientes de policías que están suspendidos tras no aprobar los exámenes de control y confianza desde abril de 2025. Esta situación afecta directamente su capacidad de defensa ante la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento para decidir sobre su cese o posible reincorporación.
Desde que el Centro de Evaluación (C3) reportó que 98 de 264 agentes evaluados no aprobaron, el Ayuntamiento, dirigido por Rocío Adame, suspendió a los implicados y está lidiando con complicaciones operativas, administrativas y políticas para procesar los 98 expedientes. Solo ha avanzado en 58 casos que está manejando la Comisión de Honor y Justicia; la mayor complicación radica en la conducta del síndico Ricardo Bejarano Núñez, quien ha mantenido en reserva 32 expedientes de policías, además de los retrasos en la Comisión debido a sus múltiples ausencias en las sesiones de trabajo.
“El síndico ha asistido solo una o dos veces a las sesiones, enviando a su representante en todas las demás ocasiones. En la reciente sesión, ni él ni su representante se presentaron. Cuando los policías se presentan con sus abogados y sus pruebas, este órgano colegiado vota si la evidencia es suficiente para ser enviada al C3; si se vota a favor, se remite al C3”, detalló el secretario de seguridad de Rosarito, Héctor Manzo Ruvalcaba, quien ha cuestionado directamente al síndico por su conducta.
“Es preocupante que no se procesen ciertos casos, ya que hemos logrado que dos se tramiten. Uno fue forzado por el oficial, quien estuvo presionando hasta que su expediente finalmente fue presentado en la comisión. El otro inexplicablemente no llegó”, comentó la regidora Stephanie Esquivel.
Actualmente, la Comisión de Honor y Justicia tiene un atraso de más de 50 expedientes, ya que todos los involucrados tienen derecho a subsanar sus observaciones. Desde abril hasta septiembre, cinco agentes han sido reinstalados, por lo que la plantilla actual es de 138 activos. No obstante, la falta de transparencia en la Sindicatura representa un obstáculo considerable.
“Aunque se ha permitido que los policías en esta situación sigan recibiendo el 30% de su salario y acceso a servicios médicos, esta cantidad es mínima. La afectación real recae en ellos y sus familias”, explicó el secretario Manzo Ruvalcaba.
Al menos 30 policías suspendidos en Playas de Rosarito están solicitando una segunda evaluación del C3 como estrategia para facilitar su regreso. Esto fue planteado por el diputado del Partido Verde, Jorge Ramos, quien afirmó que corresponde a las autoridades municipales solicitar una nueva revisión, ya que el C3 no puede hacerlo de forma autónoma. La regidora Esquivel indicó que, aunque están dispuestos a escuchar, el proceso debe seguir su curso adecuado según la ley, ya que solo la Comisión de Honor y Justicia está facultada para procesar los casos que siguen sin ser revelados por la Sindicatura.
