Recientemente, el consejo ciudadano de seguridad pública de Baja California solicitó la participación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la República, Omar García Harfuch, en la lucha contra la inseguridad en la región. Esta petición, respaldada por hechos concretos, ha sido ignorada.
Es fundamental comprender que la inseguridad no puede ser erradicada en un Estado donde las fuerzas encargadas están infiltradas por el narcotráfico, desgastadas en su estructura y alejadas de los valores esenciales. Octubre de 2025 ha puesto al descubierto la descomposición dentro de las dos principales corporaciones policiales del Estado, evidenciando la incapacidad de sus líderes para limpiar sus filas o mitigar la inseguridad que se origina desde dentro.
Se ha hecho evidente que muchos agentes de policía están más alineados con el crimen que con la comunidad, habiendo aprendido a delinquir para beneficio propio. Han creado pequeñas organizaciones dentro de las fuerzas policiales para extorsionar, robar tráfico de drogas, y llevar una vida criminal mientras actúan bajo la fachada de la ley.
Dos incidentes han captado la atención pública, pero no la de la autoridad federal. En primer lugar, un robo de 180 kilogramos de cocaína, llevado a cabo por miembros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California durante su horario laboral, utilizando vehículos oficiales. En segundo lugar, un ataque inédito con drones contra las instalaciones de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, donde los delincuentes lanzaron explosivos caseros en una zona residencial.
Aunque los ataques con drones no son algo nuevo en México, especialmente por parte de los cárteles de la droga, hasta ahora no se había registrado tal evento en Baja California. Este ataque ocurrió en un momento en que se estaban realizando cambios en las principales instituciones de seguridad del Estado.
Los explosivos utilizados eran artesanales, diseñados para causar daño masivo, aunque, a pesar de la cercanía de la unidad antisecuestros a zonas densamente pobladas, los daños fueron limitados a vehículos de la propia fiscalía. Posteriormente, en dos municipios, aparecieron carteles intimidatorios firmados por cárteles locales, señalando la corrupción existente dentro de la Fiscalía y la falta de ética de algunos de sus funcionarios.
