Vecinos del fraccionamiento Vista Hermosa en Ensenada han reportado la ejecución de una obra de construcción que presuntamente carece de la documentación necesaria en los lotes cuatro y cinco de las Fracciones III y IV, Manzana dos. Aseguran que los trabajos iniciaron sin los permisos visibles requeridos, lo que ha generado daños materiales y afectaciones al entorno.
Al mudarse a la zona hace más de 20 años, los residentes fueron informados que el terreno en cuestión es federal y pertenece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante una visita al área, en la calle Hierro y la privada Bahía Santa Rosalía, se observó desde la distancia el cerro donde se desarrolla la construcción. Se solicitó información sobre los permisos al encargado de la obra, quien indicó que no estaba habilitado para brindar detalles.
Conforme a testimonios locales, el 21 de marzo de 2025, aproximadamente a las 11:40 de la mañana, una retroexcavadora ingresó atravesando una propiedad vecina utilizada por el Colegio de Profesionistas e Ingeniería Civil de Ensenada (COPICE), causando daños a la fibra óptica de TELNOR y dejando varias viviendas sin servicio. Esto llevó a los afectados a iniciar un proceso legal por los perjuicios ocasionados.
A pesar de que se trataba de una “restitución provisional”, las obras continuaron rápidamente, incluso en presencia de las autoridades, iniciando la construcción de lo que parece ser un conjunto de locales comerciales. En septiembre de 2025, los vecinos informaron sobre daños a los cercos de varias propiedades y el colapso de una barda, lo cual fue reportado ante la policía.
Los residentes han intentado en diversas ocasiones contactar al Departamento de Ecología y otras dependencias municipales en busca de claridad sobre los permisos de construcción. Según se les comunicó de manera informal el 8 de septiembre, existía un permiso expedido el día 6, aunque la obra llevaba seis meses en ejecución y el documento se encontraba aún sin firma. La comunidad está preocupada por las implicaciones ambientales de las obras, ya que las medidas de contención son insuficientes en una zona con antecedentes de deslaves.
Además, los vecinos denunciaron que los trabajadores y representantes de la obra han demostrado comportamientos agresivos y se han negado a mostrar permisos o documentación oficial. Consideran que el municipio ha fallado en su deber de supervisar y asegurar la legalidad de la construcción, utilizando la orden judicial para justificar acciones en terrenos que han sido utilizados y cercados por más de dos décadas. Más de seis meses después de que comenzaron los trabajos, los residentes siguen sin conocer la identidad de la empresa responsable de la construcción ni la acreditación formal de los permisos y medidas de seguridad implementadas para proteger el entorno y las viviendas circundantes.
