Hasta ahora, la estrategia nacional de seguridad liderada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no contempla la militarización de Tijuana. Esto se evidencia en el hecho de que la Secretaría de Seguridad Municipal ha sido dirigida por civiles, como Juan Manuel Sánchez y José Alejandro Avilés. Sin embargo, las fuerzas militares, que están al mando de la Secretaría de Seguridad del Estado —la cual ha tenido tres Generales al frente—, continúan insistiendo en establecer una “nueva fuerza de seguridad castrense” en Tijuana, desde la primera semana de octubre. A pesar de que la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional han tenido poco impacto en la disminución de la inseguridad en la ciudad, intentan formalizar un nuevo acuerdo para tareas que ya se encuentran contempladas en la estrategia federal.
La propuesta busca “coordinarse, hacer proximidad social, vigilar aduanas, carreteras y aeropuertos, y recuperar espacios”, estableciendo un puesto inexistente en el plan de Harfuch: un coordinador municipal de la Estrategia de Seguridad Nacional, que presumiblemente sería un general. Esto ocurre a pesar de que tanto la gobernadora Marina del Pilar Ávila como el secretario de Seguridad del Estado, Laureano Carrillo, han admitido que la policía de Tijuana es la que más operativos coordinados lleva a cabo, además de ser la que más detenidos en flagrancia y sicarios con órdenes de aprehensión logra captar.
Recientemente, los militares presentaron al alcalde Ismael Burgueño al general Efraín Vázquez, como representante de la Sedena y asistente del general Audomaro Martínez, exlíder del Centro de Inteligencia Nacional, para asumir el cargo propuesto. Sin embargo, surgió que la familia del militar está siendo investigada por asuntos relacionados con el huachicol fiscal, lo que frenó el avance de dicha propuesta. A las dos semanas, regresaron a la carga con el General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, David Morales Hernández, quien, en sus últimos cargos, actuó como comandante de la Guarnición Militar en Quintana Roo y coordinador estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, sin resultados significativos en problemas críticos de esas regiones, como la extorsión y el incremento de la violencia por parte del CJNG.
Pese a que la figura del general no sería un mando único, se menciona que el General Morales ya cuenta con tecnología de inteligencia para operar en Tijuana y se le asignarían aproximadamente 1,800 soldados. Sin embargo, dicho cargo aún no se ha concretado, y aunque no se expresa abiertamente, con esa fuerza, es probable que uno de los objetivos de esta nueva agrupación militar esté relacionado con la depuración pendiente de la policía de Tijuana, similar a lo que ocurrió en Tecate y Rosarito, donde se desarmó a todos los elementos municipales y se enviaron a realizar exámenes de control de confianza, mientras eran reemplazados por miembros de la Fuerza Estatal Ciudadana (FESC), que no serían suficientes en el contexto fronterizo.
En este sentido, se manifiesta una lucha de poderes entre la política de Harfuch y la estrategia de la Sedena. La tensión entre ambas posturas es palpable y se encuentra en un punto crítico. Estaremos atentos a cuál de estas visiones de seguridad logra prevalecer en el futuro cercano.
La expectativa de los ciudadanos es que las decisiones tomadas en materia de seguridad aborden de manera efectiva la creciente ola de criminalidad en la región. La implementación de una estrategia coherente que integre tanto a las fuerzas civiles como a las militares podría ser determinante para lograr un ambiente de mayor seguridad y confianza en Tijuana.
Las próximas acciones y decisiones en torno a esta temática serán cruciales. La colaboración entre las diversas entidades de seguridad será fundamental para enfrentar los desafíos que enfrenta Tijuana en su lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Habrá que ver cómo se desenlazan los acontecimientos en el ámbito de la seguridad municipal.
