El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, pone de manifiesto la brutalidad del crimen organizado y la fragilidad de los presidentes municipales ante la violencia de los grupos delictivos.
En diversas ocasiones, los ediles se ven amenazados y acosados por las organizaciones criminales debido a sus esfuerzos para combatir el crimen en sus localidades.
Los gobiernos municipales, a menudo careciendo de recursos, protección y con cuerpos policiales limitados o bajo el control del crimen, enfrentan presiones constantes de grupos que demandan colaboración en decisiones públicas.
No obstante, también existen casos donde algunos alcaldes parecen tener conexiones con el crimen organizado, lo que compromete sus funciones.
Desde el 1 de octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, hasta el 3 de noviembre de 2025, al menos diez alcaldes en funciones han sido asesinados en el país.
Los incidentes se concentran, en su mayoría, en Michoacán, Oaxaca y Guerrero, estados donde la presencia de cárteles es notoria.
Michoacán es el principal foco de violencia política, registrando tres de los diez homicidios de alcaldes en esta administración. Recentemente, en junio, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, fue ejecutado en su domicilio. La FGR investigó a Bastida y sus colaboradores por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Michoacán: epicentro de la violencia política
El 17 de junio de 2025, Martha Laura Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, también fue asesinada, un hecho que resalta la violencia del CJNG y Los Viagras en la región. Mendoza estaba relacionada con Juan José Farías, ‘El Abuelo’, líder de Carteles Unidos.
En el caso de Carlos Manzo, su asesinato ocurrió durante el Festival de las Velas, en pleno acto público, a pesar de las medidas de seguridad que había solicitado al gobierno federal debido a amenazas del crimen organizado.
Asesinatos en Oaxaca
En Oaxaca se han reportado tres asesinatos de presidentes municipales; el edil de Candelaria Loxicha, Román Ruíz Bohórquez, perdió la vida en octubre de 2024, atacado con un arma blanca en su domicilio.
En mayo de 2025, el alcalde de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, fue emboscado en la sierra oaxaqueña, un área con antecedentes de violencia política.
En este contexto, en junio de 2025, Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, fue asesinada dentro del Palacio Municipal por hombres armados, un hecho que llevó a la Fiscalía de Oaxaca a investigar un posible conflicto territorial en la zona.
Los casos en Guerrero
En Guerrero, dos alcaldes han sido asesinados. Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, fue atacado en octubre de 2024, acusado por la Fiscalía local de haber sido víctima de ‘Los Ardillos’ tras negarse a colaborar con ellos.
Posteriormente, el alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, sufrió un ataque a balazos en mayo de 2025 y falleció días después, tras haber denunciado amenazas por parte de grupos armados.
Hidalgo y San Luis Potosí: entidades donde también hay violencia política
En Hidalgo y San Luis Potosí, las cifras de violencia política también son alarmantes. En octubre de 2025, Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, fue asesinado frente a su casa, según investigaciones, por un presunto autor intelectual vinculado a la oficina municipal del DIF.
En San Luis Potosí, en diciembre de 2024, Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, fue asesinado tras una reunión comunitaria, con el ataque inicial atribuido a un grupo armado, aunque posteriormente se detuvo a exfuncionarios por su posible implicación.
