El reciente anuncio del general Laureano Carrillo Rodríguez sobre la depuración y reestructuración de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) no debe ser considerado un hecho aislado. Este anuncio ocurre en un periodo crítico para la institución y el Gobierno del Estado, tras la revelación de un robo de cocaína supuestamente cometido por elementos de la FESC en Tijuana en octubre de este año, un incidente que afectó gravemente la credibilidad de las autoridades encargadas del orden público.
Hasta ahora, 14 agentes han solicitado amparos, y otros tantos han sido suspendidos como parte de la investigación vinculada a este suceso, que pone de manifiesto una crisis de confianza interna en los cuerpos de seguridad. En este contexto, la decisión de llevar a cabo una depuración y reestructuración integral es ineludible, aunque presenta un desafío aún mayor: recuperar la legitimidad del uniforme y de la autoridad policial ante la ciudadanía.
El general Carrillo Rodríguez ha enfatizado la importancia de abordar la corrupción “de manera integral”, a través de sanciones, capacitación y la promoción de valores. No es suficiente con separar a los elementos implicados; el verdadero reto reside en establecer un modelo de servicio público policial fundamentado en la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, que pueda resistir las presiones del crimen organizado y las tentaciones del poder.
La seguridad pública en Baja California no puede seguir siendo cautiva de sus propios problemas. Los casos de abuso, complicidad y criminalidad dentro de las fuerzas estatales han socavado durante años el trabajo de miles de agentes honestos que cumplen con su deber. Como indicó el titular de la SSCBC, “hay más policías buenos”, pero el sistema les debe más que solo reconocimiento: les debe protección, profesionalización y liderazgo ejemplar.
Este proceso de depuración debe trascender el ámbito administrativo. Es esencial llevar a cabo una revisión exhaustiva del modelo de reclutamiento, así como de las condiciones laborales y de los incentivos que permitan atraer y mantener a perfiles comprometidos. La corrupción institucional no se erradica únicamente con sanciones, sino que requiere estructuras que prevengan su reproducción.
La sociedad bajacaliforniana observa este proceso con escepticismo, pero también con esperanza. La transparencia que se aplique en esta iniciativa será crucial para determinar si se trata de una transformación genuina o de un intento de controlar daños.
La credibilidad de la Fuerza Estatal —y por ende, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana— dependerá de que esta depuración no se convierta en una mera purga simbólica, sino en un nuevo comienzo hacia una policía que sea confiable, profesional y cercana a la comunidad.
