Al menos 12 miembros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), que supuestamente están involucrados en el robo de cocaína a una organización criminal y han sido suspendidos de sus funciones, han interpuesto solicitudes de amparo para evitar ser encarcelados tanto en México como para prevenir su extradición a Estados Unidos.
Asimismo, han presentado acciones legales contra la suspensión de sus labores, que se emitió el 10 de octubre de 2025, alegando: “El absurdo y poco legal acuerdo del 10 de octubre de 2025, que determina la suspensión provisional de los quejosos en sus cargos, así como la cancelación de sus servicios médicos de seguridad social”.
Cada uno de los demandantes ha promovido al menos dos juicios de amparo: uno contra la posible detención para extradición y otro por la captura relacionada con el robo de la droga. Los demandantes incluyen a Misael Morales Chávez, Oscar Esquivel Ruiz, Christian Noé Orozco Garay, entre otros.
Las primeras solicitudes de amparo se presentaron el 15 de octubre, buscando evitar ser juzgados en Estados Unidos. Al día siguiente interpusieron demandas contra órdenes de captura por delitos cometidos en México, y el 21 de octubre se tramitó un juicio contra las acciones del 10 de octubre de la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California.
En particular, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, conocido como el Princeso, quien fue destituido de su cargo en la Dirección de Investigación de la FESC el 7 de agosto, ha solicitado cuatro amparos. Uno fue presentado el 8 de septiembre por una orden de detención relacionada con actividades de corrupción y narcotráfico, antes del robo de cocaína.
Tras enterarse del robo de cocaína el 4 de octubre de 2025, Valenzuela interpuso otro amparo el 15 de octubre, buscando protección contra detenciones por extradición. Su demanda identifica a numerosas autoridades como responsables, incluyendo jueces y fiscales.
En relación con los amparos presentados, se ha otorgado la suspensión provisional de los actos impugnados. En cuanto a la suspensión de labores, el Juzgado Décimo de Distrito en Tijuana concedió a Valenzuela y a otros la protección para no ver afectados sus derechos de atención médica y seguridad social. Sin embargo, la suspensión de funciones permaneció confirmada sin aclarar el estatus de prestaciones de los agentes implicados.
