En BC, la ineficacia del proceso de depuración revela que el 78% de policías aprueba los exámenes de confianza, pero se ignoran protocolos y resultados del C3
El 4 de octubre de 2025, un robo de 180 kilos de cocaína, llevado a cabo por integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en la Zona Este de Tijuana, pone de manifiesto, otra vez, las falencias del proceso de depuración policial. Esta situación, que ha sido confirmada por autoridades de ambos lados de la frontera, obliga a los miembros de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las ineficiencias en el manejo del C3, así como el desconocimiento de protocolos y resultados.
El General Laureano Carillo, secretario de Seguridad de Baja California, admitió que ha suspendido a 14 elementos mientras investigan el “posible mal uso de patrullas y equipos tácticos”, aunque es evidente que el problema es más profundo. La colusión entre fuerzas del orden y cárteles en actividades delictivas como custodia de cargamentos de drogas, privaciones de la libertad y homicidios es un hecho bien conocido por los ciudadanos de Baja California y del país entero. Aunque se han cambiado los nombres de las corporaciones, las prácticas corruptas persisten, y parece que los exámenes de confianza no logran contenerlas ni detectarlas.
A largo plazo, las iniciativas de depuración han mostrado escaso efecto. En 2007, se desarmó a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 se detuvo a varios agentes, que fueron liberados años después. Bajo el gobierno de Marina Ávila, del septiembre a octubre del año pasado, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para evaluación; el 90% aprobó, pero 16 resultaron dudosos. En enero de 2025, la policía municipal de Tecate experimentó una situación similar, donde de 189 agentes activos, 100 reprobaron, y 90 fueron reinstalados posterior a una segunda evaluación del C3, a pesar de que muchos no fueron suspendidos en primer lugar.
A Rosarito, entre marzo y abril, se retiraron 264 agentes para ser examinados, resultando que el 40% (122 elementos) reprobó y fue removido, aunque 33 están en proceso de reinstalación. Entre los 142 aprobados se encontraban tres agentes que fueron detenidos el 3 de septiembre por su supuesta implicación en una desaparición en 2024, lo que cuestiona la efectividad de los protocolos de evaluación.
El plan presentado por el General Laureano Carrillo, al asumir el cargo en enero, incluía extender la depuración a todos los municipios. Sin embargo, a la luz de estos hechos, es evidente que se debería comenzar por reevaluar a la FESC. El 30 de junio de 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza reportó que de una fuerza total de nueve mil 231 elementos en Baja California, el 78% (siete mil 149) aprobó los exámenes, mientras que 359 reprobó. La situación de 52 agentes de la FESC que no aprobaron sigue siendo incierta, y hasta el momento, no hay información sobre los 16 agentes suspendidos que estén entre los reprobados, lo que sugiere una falta de controles efectivos.
A nivel nacional, existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 han aprobado los exámenes, mientras que 526 han reprobado. Sin embargo, no se tiene claridad sobre si estos datos incluyen a Baja California, y los resultados de los exámenes de los mandos militares son desconocidos. Un ejemplo de las fallas en el sistema es el caso de Octavio Andrée Espino Torres, quien fue arrestado en junio de 2022 con 29 kilos de metanfetamina y tenía, aparentemente, aprobación en los exámenes de control, pero ya había sido observado previamente por el C3.
Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero no había sido evaluado para su ascenso. Aunque sus pruebas eran vigentes, no cumplían con los criterios necesarios para acceder a información sensible. La flexibilización de los criterios de aprobación a nivel nacional ha suscitado preocupaciones; por ejemplo, si un agente tuvo antecedentes penales, ya no se considera un impedimento. A pesar de la necesidad de cambios, Valdez fue removida de su cargo.
Los constantes actos de corrupción de los uniformados resaltan la urgencia de tomar en serio los protocolos y resultados del C3, que a menudo son ignorados. Es fundamental reevaluar y reformar los procesos de depuración para que sean realmente eficaces.
