En los últimos meses, Estados Unidos ha realizado inversiones en varias empresas clave del país, garantizando que tengan la capacidad de producir sus propios semiconductores, extraer tierras raras y fabricar acero de manera independiente.
La administración Trump ha transformado los programas de subvenciones y préstamos en iniciativas en las que, como parte del paquete de apoyo, el gobierno adquiere participaciones en acciones. Históricamente, EE. UU. ha seguido un enfoque similar durante rescates financieros, aunque al tomar participaciones en el pasado, siempre ha indicado que su intención era reducir esos activos lo más pronto posible.
Un giro en la política
La política actual de Trump representa un cambio significativo con respecto a enfoques anteriores, comenzando a impactar en las ganancias corporativas y en las decisiones empresariales, lo que genera dudas sobre la confianza del mercado en el país, fundamental para la credibilidad de la inversión a nivel global.
Los críticos argumentan que EE. UU. está imitando sistemas financieros que anteriormente ha despreciado, como el de China, donde el 71 % de las 500 empresas más grandes son estatales, o el de Japón, donde el banco central es el mayor accionista de todas las compañías cotizadas. Sin embargo, existen diferencias notables. En China, gran parte del apoyo empresarial se da a nivel provincial, con el gobierno central también ofreciendo subsidios y programas de I+D, permitiendo así que diversas provincias respalden diferentes empresas, especialmente en sectores como vehículos eléctricos, lo que fomenta una competitividad más amplia.
Los defensores de estas políticas sostienen que representan una forma de proteger el futuro del país, asegurando que industrias fundamentales como la de semiconductores, energía y acero permanezcan bajo control estadounidense, lo cual es crucial en un contexto donde China domina materiales esenciales como las tierras raras.
No obstante, también existen riesgos asociados. Uno de estos es el incremento del control estatal sobre el sector privado, lo que podría incentivar que los recursos se dirijan hacia empresas favorecidas políticamente pero ineficientes, debilitando así la competencia y la innovación a largo plazo. Además, al convertirse en accionistas, el gobierno se enfrenta a decisiones corporativas que podrían generar conflictos políticos o presiones para intervenir en la gestión. A nivel global, este cambio puede erosionar la confianza internacional en el modelo estadounidense de libre mercado, que ha sido un estandarte del capitalismo durante décadas.
Empresas en las que ha invertido el gobierno de EE. UU.
Las inversiones recientes del gobierno de EE. UU. abarcan distintos sectores, incluyendo tecnología y minería:
Intel (10 %)
Intel ha enfrentado desafíos en los últimos años. En 2007, la compañía decidió no producir chips para el iPhone, una gran equivocación. A mediados de los 2000, también optó por no invertir en litografía EUV, técnica avanzada utilizada por TSMC para fabricar los chips más sofisticados. En los últimos dos años, Intel ha intentado recuperar el terreno perdido, aunque persiste la incertidumbre acerca de su éxito.
La inversión del gobierno en Intel forma parte de un ambicioso plan para restaurar la capacidad nacional de fabricación de semiconductores avanzados, negociando una inversión de 8,900 millones de dólares en acciones de la compañía, equivalentes a un 10 % en ese momento.
Esta inversión se financia a través de subvenciones comprendidas en la Ley CHIPS, con la finalidad de expandir y modernizar sus plantas en Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregón, que estarán dedicadas a la producción de chips de última generación para sectores estratégicos como la defensa y la inteligencia artificial.
MP Materials (15 %)
MP Materials es crucial en los esfuerzos de EE. UU. por reconstruir su cadena de suministro de tierras raras, esenciales para diversas aplicaciones desde motores eléctricos hasta sistemas de defensa. En julio de 2025, el Departamento de Defensa acordó invertir 400 millones de dólares en acciones preferentes convertibles de la empresa, asegurando una posible participación del 15 % una vez convertidas.
La inversión se realiza a través de subvenciones, préstamos y compras estratégicas para expandir su mina Mountain Pass en California, la única mina de tierras raras a gran escala en Norteamérica, y construir una planta de procesamiento de imanes en Texas, buscando disminuir la dependencia de China, que controla más del 80 % del refinamiento global de tierras raras.
Lithium Americas (10 %)
Lithium Americas, con su proyecto Thacker Pass en Nevada, ha recibido significativo respaldo gubernamental como parte de la política de transición energética del país. El Departamento de Energía reestructuró el préstamo y otorgó warrants que confieren al gobierno una participación del 5 % en la compañía y otro 5 % de interés en la empresa conjunta con General Motors.
El principal objetivo es asegurar un suministro nacional de litio, un mineral crucial para baterías de vehículos eléctricos, buscando reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de China y Sudamérica, y consolidar una cadena de valor que abarque desde la extracción hasta la fabricación de celdas de batería.
Trilogy Metals (10 %)
Trilogy Metals se ha convertido en un componente clave de la política de minerales críticos de EE. UU. Recientemente, recibió una inversión de 17.8 millones de dólares del gobierno para avanzar en el Proyecto de Acceso a Ambler, un distrito minero vital para cobre, zinc y cobalto en Alaska. Esta transacción se estructuró con acciones ordinarias más warrants, permitiendo al gobierno alcanzar una participación del 10 %.
La inversión es necesaria para robustecer el abastecimiento nacional de metales esenciales, ya que el cobre y el cobalto son fundamentales para redes eléctricas, baterías y tecnología militar, colocando el desarrollo del distrito de Ambler como una prioridad estratégica.
Nippon Steel (acción dorada)
Aquí, la situación es diferente, ya que la japonesa Nippon Steel busca adquirir U.S. Steel, un ícono de la industria estadounidense. A pesar de ser una inversión extranjera, el gobierno de EE. UU. intervino a través del CFIUS para regular y condicionar la transacción.
En 2025, la Casa Blanca aprobó el acuerdo bajo un pacto de seguridad nacional que incluyó una “acción dorada” a favor del gobierno estadounidense, un mecanismo que no otorga derechos económicos, pero permite un poder de veto sobre decisiones que afecten la seguridad nacional, como ventas de plantas o transferencias de tecnología sensible.
Este enfoque asegura que la producción estratégica de acero quede bajo supervisión nacional, equilibrando la apertura a la inversión extranjera con una control importante sobre la seguridad industrial.
Una nueva era de capitalismo estratégico
EE. UU., que durante décadas ha confiado en la fuerza del mercado, ha decidido ahora fortalecer su base industrial con un papel más activo del Estado. Las inversiones en empresas clave como Intel o MP Materials se consideran una necesidad estratégica para proteger sectores críticos en un entorno global cada vez más desafiante. El verdadero reto será encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, eficiencia económica y confianza del inversor, preservando lo que ha convertido a la economía estadounidense en un modelo de innovación y confianza.
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