La Corte Suprema de Estados Unidos informó este lunes que examinará si es legal que los consumidores frecuentes de marihuana posean armas de fuego. Este tema ha generado un intenso debate sobre la expansión de los derechos a la autodefensa y la seguridad pública.
El caso marca un nuevo foco de conflicto en la aplicación de la Segunda Enmienda, tras el fallo histórico emitido por el tribunal en 2022 que amplió considerablemente el derecho a poseer armas en el país. La decisión final afectará directamente a millones de ciudadanos a nivel nacional.
La administración del expresidente Donald Trump solicitó a los jueces revivir una causa contra un residente de Texas, Ali Danial Hemani, quien enfrenta cargos por un delito grave. Se le acusa de tener un arma en su hogar, mientras reconocía el uso regular de cannabis.
El Departamento de Justicia (DOJ) apeló la decisión de un tribunal inferior y busca restaurar la validez completa de la normativa federal que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas.
Aunque el gobierno republicano ha mostrado su respaldo a la Segunda Enmienda, los abogados del Estado argumentan que esta prohibición es una restricción necesaria, considerando la grave amenaza que los consumidores frecuentes de drogas representan para la seguridad pública.
Los letrados de Hemani lograron la desestimación de los cargos por delito grave, tras la consideración del Quinto Circuito de Apelaciones de EE.UU. sobre la inconstitucionalidad de la prohibición general. Sin embargo, el tribunal dejó claro que la ley puede aplicarse a quienes estén armados y bajo el efecto de drogas simultáneamente.
Los defensores de Hemani sostienen que la redacción amplia de la ley podría poner en riesgo a millones de personas por infringir normas técnicas. Mencionan datos del gobierno que indican que al menos el 20% de los estadounidenses ha probado el cannabis. La situación es compleja, ya que, aunque la marihuana recreativa es legal en aproximadamente la mitad de los estados, sigue siendo ilegal bajo la ley federal, lo que crea un vacío legal que impacta a los usuarios.