María trabajaba limpiando escuelas en Florida por un salario de 13 dólares la hora. Cada quince días, recibía un pago de 900 dólares de su empleador, un contratista. Aunque no era mucho, le servía para cubrir el alquiler de la vivienda que comparte con su hijo de 11 años y cinco familias más, así como los gastos de electricidad, un teléfono celular y alimentación.
En agosto, todo cambió.
Cuando llegó a su lugar de trabajo una mañana, su jefe le comunicó que ya no podía seguir trabajando allí. El gobierno del presidente Donald Trump había anulado el programa de permiso de permanencia temporal, conocido como “parole”, que su predecesor Joe Biden había implementado, el cual otorgaba permisos laborales a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, como ella.
“Me siento desesperada”, expresó María, de 48 años, quien solicitó mantener el anonimato por miedo a ser detenida y deportada. “No tengo dinero para nada. Mi cuenta tiene 5 dólares. Me quedé sin nada”.
La severa represión migratoria de Trump ha dejado sin empleo a migrantes como María y ha impactado negativamente la economía y el mercado laboral en EE. UU. Esto ocurre en un momento en que la contratación ya mostraba signos de deterioro debido a la incertidumbre sobre las políticas comerciales erráticas de Trump.
Los inmigrantes realizan trabajos que muchos estadounidenses nativos evitan—limpieza de casas, recolección de tomates, pintura de cercas—y, además, aportan habilidades técnicas y un enfoque emprendedor que han sido clave para consolidar a EE. UU. como una superpotencia económica mundial. Trump ha atacado la inmigración desde ambos extremos: deportando a trabajadores de bajos ingresos y desalentando la llegada de profesionales calificados que podrían contribuir al país.
“Necesitamos a esta gente”
Goodwin Living, una organización sin fines de lucro en Alexandria, Virginia, que proporciona vivienda para adultos mayores y atención médica, se vio obligada a despedir a cuatro empleados haitianos tras la cancelación de sus permisos de trabajo. Estos haitianos, que habían sido promovidos en Goodwin, estaban bajo el programa de permanencia temporal.
“Ese fue un día muy difícil para nosotros”, comentó Rob Liebreich, su director general. “Lamentablemente, despedirlos ha complicando aún más nuestro proceso de cobertura de vacantes”.
Liebreich expresó su preocupación por otros 60 trabajadores inmigrantes que podrían perder su derecho legal a residir y trabajar en EE. UU. “Necesitamos todas esas manos”, aseguró. “Requerimos a todas estas personas”. Goodwin Living tiene 1,500 empleados, de los cuales el 60% son de origen extranjero, y ha enfrentado dificultades para encontrar suficientes enfermeras, terapeutas y personal de mantenimiento.
La mano dura del ICE
Las metas migratorias de Trump, enfocadas en lo que él califica como una “invasión” en la frontera sur y en asegurar empleos para trabajadores estadounidenses, suscitaron dudas en su momento por el dinero y las alteraciones económicas necesarias para alcanzar su objetivo de deportar a un millón de personas anualmente. Sin embargo, la ley que promulgó el 4 de julio hizo que sus planes parecieran más viables.
La ley asigna 150,000 millones de dólares a la implementación de la ley migratoria, con 46,500 millones destinados a contratar 10,000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y 45,000 millones para expandir la capacidad de los centros de detención de inmigrantes.
Los agentes del ICE han mostrado su disposición a actuar rápidamente, provocando caos a pesar de que su agresividad contradice otros objetivos gubernamentales. Por ejemplo, el mes pasado, las autoridades de inmigración llevaron a cabo un operativo en una planta de baterías de Hyundai en Georgia, arrestando a 300 trabajadores surcoreanos y causando un gran revuelo.
Enviar a los beneficiarios de Medicaid al campo
Los agricultores estadounidenses son, en gran medida, partidarios del presidente Trump. Sin embargo, John Boyd Jr., quien cultiva tierras en el sur de Virginia, aseguró que las redadas migratorias perjudican a los agricultores, que ya enfrentan precios bajos, costos altos y las repercusiones de la guerra comercial con China.
“Tienes al ICE aquí persiguiendo a las personas”, declaró Boyd, fundador de la National Black Farmers Association. “(Trump) los pinta como criminales, pero son trabajadores que hacen tareas que muchos estadounidenses rehúyen”.
“No son bienvenidos aquí”
Jed Kolko, del Peterson Institute for International Economics, mencionó que el crecimiento del empleo está disminuyendo en los sectores que dependen de inmigrantes, como la construcción, que ha eliminado 10,000 puestos desde mayo.
Las consecuencias a largo plazo son aún más graves, pues los inmigrantes han contribuido con innovación y productividad superior. La sorpresiva decisión de Trump de elevar las tarifas de las visas H-1B, de 215 a 100,000 dólares, ha generado preocupación entre economistas.
“Una tarifa de visa de 100,000 dólares no solo es un costo burocrático: es un mensaje”, afirmó Dany Bahar, del Center for Global Development. “Le dice al talento global: ‘Ustedes no son bienvenidos aquí’”. Algunos ya han comenzado a empacar.
En Washington, D.C., un graduado de Harvard y titular de una visa H-1B originario de India, expresó su deseo de mudarse al Reino Unido, citando señales claras de Trump a los empleadores de que deben pensar dos veces antes de contratar a titulares de visas H-1B.
