Cada 11 de octubre se celebra en México el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor. La Mtra. Nathalie Canizales Reyes, coordinadora de la Maestría en Derecho de CETYS Universidad Campus Mexicali, sostiene que el contrabando y la piratería siguen siendo un reto en cuanto a legalidad y desarrollo económico.
“El contrabando es un delito aduanero que está relacionado con la venta de productos sin pagar los impuestos correspondientes (principalmente los de aduanas), e incluye las acciones de importación y exportación de mercancías”, indicó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad.
Por otro lado, los delitos en materia de derechos de autor, como la piratería, se vinculan con la reproducción, comercialización, distribución o uso no autorizado de obras protegidas por la ley, según la experta de CETYS.
Canizales también subrayó que estas prácticas no solo perjudican a la economía formal, sino que están conectadas con otros crímenes como el lavado de dinero, la extorsión y delitos cibernéticos, generando un ambiente de ilegalidad que afecta a distintos sectores productivos, desde el entretenimiento hasta la industria farmacéutica, alimentaria y tecnológica.
Según el informe Mapping Global Trade in Fakes 2025, elaborado por la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el comercio internacional de productos falsificados alcanzó un valor estimado de 467 mil millones de dólares, lo que equivale al 2.3% del comercio global.
En este escenario, la Mtra. Canizales destacó que México se posiciona entre los 10 principales países de origen de productos falsificados, según el mismo estudio. Aunque no es el mayor productor, su ubicación geográfica estratégica y su infraestructura comercial lo convierten en un actor clave en la red global de falsificación.
El Special 301 Report 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) también indica que México continúa en la Lista de Observación Prioritaria, debido a la falta de investigaciones y procesos penales recientes en materia de falsificaciones y piratería, así como a la necesidad de actualizar la legislación vigente tras el T-MEC.
Para la coordinadora, este panorama demanda acciones integrales y coordinadas entre autoridades, titulares de derechos y sociedad civil: “México cuenta con un marco regulatorio para enfrentar el contrabando y la piratería, pero existe una brecha considerable en su implementación. Es crucial rediseñar una política pública integral en materia de propiedad intelectual que aborde el problema desde tres dimensiones: jurídica, económica y social.”
Finalmente, resaltó la importancia de la participación ciudadana. “Al elegir la compra de artículos originales, el consumidor se convierte en un aliado del ecosistema comercial, apoyando la economía formal, fomentando la innovación y promoviendo una cultura de legalidad, algo que nuestro país definitivamente necesita”, concluyó.
