Tres exintegrantes de la Policía Municipal de Rosarito enfrentan un proceso judicial por su supuesta participación en la desaparición forzada de dos individuos, uno de ellos menor de edad, en eventos que tuvieron lugar en 2020 en Baja California. La decisión fue adoptada tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, lo que llevó a la vinculación de los acusados al proceso.
La autoridad judicial ha determinado que Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, quienes pertenecían a la corporación policial en el momento de los incidentes, deberán rendir cuentas ante el sistema de justicia por el delito de desaparición forzada. Este ilícito está tipificado en los artículos 27 y 30 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), las víctimas fueron desaparecidas en Rosarito, Baja California, durante el año 2020, y la presencia de una menor de edad entre los afectados añade un nivel de gravedad al caso, destacando así su importancia social.
Luego de ejecutar la orden de aprehensión, el Ministerio Público Federal presentó los elementos probatorios que llevaron al juez de control federal en Baja California a ordenar la vinculación al proceso. Como medida cautelar, los tres acusados permanecerán en prisión preventiva justificada durante la siguiente fase del procedimiento.
El procedimiento penal se basa en la legislación federal que sanciona la desaparición forzada, particularmente en los artículos previamente citados de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que establece las responsabilidades y las sanciones para aquellos que, en su calidad de servidores públicos, participen en estos delitos.
El caso se encuentra actualmente en la fase de investigación complementaria, donde las partes involucradas podrán presentar nuevos elementos y fortalecer sus argumentos ante el tribunal en un plazo de tres meses.
En acontecimientos recientes, la Fiscalía General de la República extraditó a Martín “G” y Luis “C” a través del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, debido a delitos de abuso sexual de una menor y homicidio, respectivamente.
Según el informe de la dependencia, Martín “G” fue requerido por el Tribunal de Sesiones Generales del Decimotercer Circuito Judicial del Condado de Greenville, Carolina del Sur, por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad. Por su parte, Luis “C” fue requerido por la Corte de Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, por homicidio, tras disparar un arma de fuego contra una persona, y fue arrestado en Tamaulipas en 2024.
