El Tribunal Supremo de Estados Unidos facilitó nuevamente el viernes (03.10.2025) la revocación de la protección legal temporal que beneficiaba a cientos de miles de migrantes venezolanos, apoyando una de las prioridades del presidente republicano Donald Trump en cuanto a políticas de deportación masiva.
Los jueces decidieron aceptar la solicitud de la administración para suspender la decisión de un juez que había dictaminado que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía la autoridad para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los migrantes por el presidente demócrata Joe Biden.
La composición del Tribunal Supremo es mayoritariamente conservadora, con un balance de 6 a 3, quedando en disidencia los tres jueces de tendencias liberales.
Decisión similar en mayo
Previamente, en mayo, el Tribunal Supremo también falló a favor de la administración Trump, al levantar una orden temporal que había emitido el juez federal de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, que suspendía la finalización del TPS mientras el caso estaba en litigio.
El 5 de septiembre, Chen emitió una determinación que consideraba que las acciones de Noem para acabar con el programa contravenían una ley federal que rige las actividades de las agencias gubernamentales.
La sentencia del juez significaba que más de 300,000 venezolanos que poseen el TPS podrían permanecer en el país de manera provisional, a pesar de que Noem lo había declarado “contrario al interés nacional”.
En su orden anónima, el Tribunal Supremo indicó que, a pesar de que el litigio había avanzado, “los argumentos legales de las partes y los daños relacionados, en general, no lo han hecho. El mismo resultado que alcanzamos en mayo es el adecuado en este caso”.
Opinión disidente de una magistrada
La jueza liberal Ketanji Brown Jackson manifestó su desacuerdo, calificando la decisión de hoy como otro grave abuso del procedimiento de emergencia. En su opinión disidente, resaltó que el tribunal favorece “la afirmación descarada del poder ejecutivo sin restricciones” sobre las decisiones de los tribunales inferiores, las cuales protegen a estas 300,000 personas de “perder sus empleos, ser separadas de sus familias o ser deportadas” a Venezuela hasta que se resuelva por completo la legalidad de las medidas gubernamentales.
Jackson también recordó que el Gobierno de Estados Unidos había concluido en enero que Venezuela enfrenta una crisis humanitaria.
Agregó: “Una vez más, utilizamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra facultad para redactar opiniones) para permitir que esta administración genere el máximo perjuicio posible en el menor tiempo”.
Uso del expediente de emergencia
La administración Trump ha recurrido en múltiples ocasiones al expediente de emergencia del Tribunal Supremo para obtener fallos rápidos que faciliten la implementación de sus políticas, las cuales han sido cuestionadas por tribunales inferiores.
El Tribunal Supremo ha respaldado a la administración en casi todos los casos revisados desde que Trump asumió la presidencia nuevamente en enero.
La represión a la inmigración, tanto legal como ilegal, se ha convertido en un eje central del segundo mandato de Trump, quien ha implementado acciones para despojar a ciertos migrantes de sus protecciones legales temporales, aumentando así el número de deportaciones potenciales.
El programa TPS es una designación humanitaria prevista en la legislación estadounidense para países afectados por guerras, desastres naturales u otras emergencias, que otorga a sus beneficiarios en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo.
Bajo el gobierno de Biden, los venezolanos fueron designados como elegibles para el TPS en 2021 y 2023, y unos días antes del regreso de Trump a la presidencia en enero, la administración de Biden anunció una extensión del programa hasta octubre de 2026.
