HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un juez federal ha decidido que el proceso judicial del Departamento de Justicia contra Kilmar Ábrego García por cargos de tráfico de personas podría ser una represalia injusta, después de que él ganara un juicio contra la administración Trump por su deportación a El Salvador.
El caso de Ábrego García, un trabajador de la construcción de El Salvador que reside en Maryland, se ha convertido en un símbolo de las tensiones políticas en torno a las políticas migratorias estrictas del presidente Donald Trump y su enfoque de deportaciones masivas.
El juez de distrito, Waverly Crenshaw, accedió el viernes a la solicitud de los abogados de Ábrego García, ordenando el descubrimiento de pruebas y una audiencia, donde se podrá demostrar que los cargos de tráfico de personas en su contra en Tennessee son ilegales por ser represalia.
El juez Crenshaw afirmó que Ábrego García había presentado “algunas pruebas que sugieren que el enjuiciamiento podría ser indicativo”. Entre estas pruebas están los comentarios de varios funcionarios de la administración Trump y la línea de tiempo de los cargos presentados.
Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no han emitido comentarios sobre la decisión. En su fallo de 16 páginas, el juez Crenshaw mencionó que las declaraciones de los funcionarios de la administración Trump “generan preocupación”, haciendo énfasis en una de ellas.
Una declaración del subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en un programa de televisión de Fox News, después de que se presentaron los cargos en junio, parecía insinuar que el enjuiciamiento fue consecuencia de que Ábrego García ganó su caso sobre deportación injusta, según Crenshaw.
Las “declaraciones importantes de Blanche podrían demostrar que las motivaciones detrás de los cargos criminales contra Ábrego provienen del ejercicio de sus derechos constitucionales y legales” al demandar por su deportación, en lugar de un interés genuino en procesarlo por supuesta conducta delictiva, explicó el juez.
Adicionalmente, el juez mencionó que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió una investigación sobre Ábrego García solo días después de que la Corte Suprema determinó que la administración Trump debía trabajar en su regreso a EE.UU. desde El Salvador. Ábrego García fue acusado el 21 de mayo y formalmente imputado el 6 de junio, el mismo día en que fue traído de vuelta a EE.UU. tras estar en una prisión de alta seguridad en El Salvador. Se declaró inocente y ahora permanece detenido en Pensilvania.
Si es hallado culpable en Tennessee, enfrentará deportación, según funcionarios federales. Un juez de inmigración ya le negó la solicitud de asilo, aunque tiene derecho a apelar. Tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland por años, aunque emigró a EE.UU. de manera ilegal en su adolescencia.
En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración y solicitó asilo, pero no era elegible debido a que había estado en EE.UU. por más de un año. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador, donde su familia enfrentaba amenazas de pandillas. Los cargos de tráfico de personas en Tennessee surgieron a raíz de una parada de tráfico en 2022, aunque no fue acusado en ese momento.
La administración Trump ha realizado una campaña de relaciones públicas agresiva contra Ábrego García, refiriéndose a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otros señalamientos, a pesar de no haber sido condenado por ningún delito. Sus abogados han denunciado estos cargos criminales y los intentos de deportación como castigos por oponerse al gobierno.
Ábrego García ha declarado que durante su encarcelamiento en El Salvador sufrió golpizas, privación del sueño y tortura psicológica, lo cual ha sido negado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
