Amenazas contra madres buscadoras
3 de octubre – 2025
Madres que investigan el paradero de sus hijos enfrentan el hostigamiento de criminales, por lo que los colectivos han exigido a las autoridades medidas de protección efectivas.
Fuente: EL UNIVERSAL
Tijuana.— En San Felipe, Baja California, una madre buscadora sufrió la pérdida de su nieto por asesinato, mientras que en Playas de Rosarito, otra activista encontró un cuerpo desmembrado en la entrada de su hogar. Ambas notificaron a las autoridades sobre las amenazas recibidas y solicitaron su inclusión en un mecanismo de protección, pero solo les ofrecieron un botón de emergencia que no funcionaba y patrullajes que no se llevaron a cabo.
Los líderes de los colectivos de familiares que buscan a personas desaparecidas han manifestado que las agresiones y amenazas a los activistas han aumentado en los años recientes. A pesar de haber alertado a los gobiernos estatal y federal sobre estos hechos, aún no se han implementado medidas efectivas para salvaguardar su seguridad.
Recordaron que en febrero de 2024, Angelita Meraz León, presidenta del Colectivo de Búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, fue asesinada en Tecate. Pocos meses antes, había reportado amenazas y recibido un botón de pánico, así como monitoreo y patrullajes, pero fue asesinada cinco días después de abrir un salón de belleza.
El caso de doña Patricia
“No busco compasión, solo anhelo justicia, por mi hijo y ahora por mi nieto”, expresa Patricia Orozco, integrante del único colectivo en San Felipe y abuela de Abel Roberto Guzmán, un joven de 18 años asesinado el 8 de septiembre pasado. “Desde mayo he recibido amenazas y debí abandonar mi hogar. Regresé hace poco y mataron a mi hombre. Me han asesinado dos veces, primero a mi hijo y ahora a mi nieto”, señala la mujer.
En mayo, Patricia reportó las amenazas de muerte que recibía contra ella y su familia, pidiendo ser incluida en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. El mecanismo decidió evaluar el riesgo y le otorgó un botón de pánico junto con patrullajes. Sin embargo, debido a la falta de seguridad, Patricia suspendió los operativos de búsqueda y se alejó del estado. Desde su refugio, pudo confirmar que los patrullajes duraron solo un mes y eran ineficaces.
El 2 de septiembre, regresó a San Felipe creyendo que las amenazas habían cesado, pero seis días después, hombres armados asesinaron a su nieto cerca de su casa. “Escuché como le dispararon y oí su grito: ‘¡Nana, nana ayúdame!’. Él siempre era mi apoyo en las búsquedas”, recuerda Patricia, con lágrimas en los ojos y desde un lugar desconocido para proteger su seguridad.
“Activé el botón de pánico muchas veces, pero nadie acudió. Tuve que llamar al 911”, relata angustiada. Un agente municipal llegó a la escena y solo iluminó el cuerpo del joven en la calle. Patricia preguntó tardíamente por la demora y el oficial le respondió que solo cumplía con su trabajo.
Finalmente, la familia de Patricia tuvo que trasladar el cuerpo al hospital, donde certificaron su muerte.
La complicidad en Playas de Rosarito
Dos semanas después, otra madre buscadora en Playas de Rosarito solicitó protección a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debido a que encontró un cuerpo desmembrado frente a su hogar, además de haber sido amenazada de muerte. Su situación pone en evidencia la creciente violencia contra quienes buscan justicia por sus seres queridos.
