Quirófanos sin insumos y pacientes con cáncer sin quimioterapias suficientes.
En 2018 se prometió un sistema de salud al estilo de Dinamarca. Seis años más tarde, esa promesa se ha desvanecido. Actualmente, a un año de la nueva administración federal, la atención se ha transformado en un plan “casa por casa” y camiones que recorrerán el país. Ninguna de estas propuestas ha demostrado ser objetiva ni sostenible. Mientras tanto, los hospitales carecen de insumos básicos, los programas preventivos no funcionan y los pacientes críticos, como los que padecen cáncer, enfrentan un acceso incierto y falta de medicamentos.
El 5 de septiembre de 2023, el Diario Oficial de la Federación publicó el convenio que formalizó la transferencia de personal, infraestructura y recursos del Estado al IMSS-Bienestar. En la teoría, se hablaba de universalidad y progresividad; sin embargo, en la práctica, Baja California cedió hospitales y financiamiento, pero retuvo deudas y pasivos laborales. El IMSS-Bienestar asumió la operación sin responsabilizarse de los compromisos anteriores. El resultado es evidente: el Estado paga, pero no decide, y la federación opera, pero no responde. En este vacío, los pacientes sufren una atención escasa y deficiente en un ambiente de opacidad.
Según estimaciones de COPLADE basadas en INEGI y ENIGH, para 2024, el 32.0 % de la población de Baja California enfrentará carencias en el acceso a la seguridad social, y el 23.3 % no contará con servicios de salud. Esto indica que no solo aquellos que no están afiliados a una institución de seguridad social tienen dificultades para recibir atención médica integral. La situación del personal es igualmente precaria. Trabajadores de ISESALUD fueron trasladados al IMSS-Bienestar sin notificación formal. Algunos enfrentaron presión para firmar renuncias que no solicitaron; otros, tuvieron que presentar declaraciones patrimoniales en procedimientos opacos y coercitivos, sin tener claridad sobre su nuevo patrón ni el reconocimiento de su antigüedad.
La inestabilidad laboral ha generado protestas. Se han llevado a cabo numerosas manifestaciones frente al Ejecutivo estatal y dentro de las instituciones de salud, pero los trabajadores aún no reciben respuestas. Recientemente, apareció una manta en el Hospital General de Mexicali dirigida a un supuesto líder criminal, solicitando apoyo para conseguir insumos. Aunque se desconoce su origen, este evento pone de manifiesto las consecuencias de un sistema fallido: diagnósticos tardíos, progresión de enfermedades, cirugías pospuestas por falta de material, recetas no surtidas y familias que recurren a hospitales privados para obtener tratamientos.
En Tijuana, Tecate y Rosarito, cientos de empleados y diferentes centros de salud han denunciado la falta de uniformes, el atraso en pagos y el desabasto generalizado. Aseguran que la situación mejora solo durante las visitas oficiales; de lo contrario, enfrentan graves carencias que amenazan la atención al público. La contradicción se refleja en el Congreso local, donde los diputados exigen cuentas al secretario de Salud, José Adrián Medina Amarillas, quien se encuentra entre la presión de quienes dicen que ya no tiene atribuciones y aquellos que sostienen que debe asumir la responsabilidad como figura del sector.
El Paquete Económico 2026 anticipa una reducción real del 4.3 % en salud. La gobernadora promete que pronto habrá una “bolsa nacional” que compense este déficit, pero los legisladores advierten que este es el tercer año consecutivo de recortes y que esa bolsa es solo una promesa incierta. La narrativa oficial menciona un abasto garantizado y un fortalecimiento del sistema, pero la desconfianza crece. El programa “Salud Casa por Casa”, lanzado en 2025 por la actual administración federal, se presenta como la nueva promesa para adultos mayores y personas con discapacidad, pero aún carece de evidencia que respalde su sostenibilidad o su capacidad para atender a toda la población vulnerable.
Mientras tanto, organizaciones civiles como Mujeres por Mujeres o Justicia vs Cáncer están cada vez más saturadas al atender a la población que busca alternativas para enfrentar la enfermedad. La salud de los bajacalifornianos, especialmente de los más vulnerables, es un tema que no debe ser tomado a la ligera. Especialistas y organizaciones coinciden en la necesidad de un plan inmediato para garantizar el abasto de medicamentos e insumos críticos, así como mecanismos de transparencia que permitan conocer mensualmente los datos de personal y recursos disponibles. Es esencial proteger los derechos laborales del personal transferido, reactivar programas de prevención y detección temprana de enfermedades como el cáncer, y facilitar la participación activa de la sociedad civil y profesionales en la supervisión del sistema.
El sistema de salud en Baja California parece haber entrado en una operación quirúrgica sin anestesia y sin cirujano, un procedimiento del que difícilmente saldrá ileso. La salud no puede ser un experimento político. En esta situación, lo que está en juego no es solo un modelo o una próxima elección, sino la vida de los bajacalifornianos.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y fundador de Justicia que Transforma México A.C.
