Argentina ha presentado ante la justicia de Estados Unidos su oposición al fallo que le ordena transferir la totalidad de sus acciones en la petrolera YPF. La jueza Loretta Preska dictó en junio que el país sudamericano debe ceder su 51% de participación a los fondos litigantes que ganaron un juicio relacionado con la nacionalización de YPF. La apelación argentina señala que “ningún otro tribunal estadounidense ha emitido una orden similar” y califica la sentencia como una “intrusión en la soberanía extranjera”, advirtiendo que su cumplimiento provocaría un “desastre legal y diplomático”.
El alegato argentino fue presentado el jueves en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Esta cámara suspendió temporalmente la orden de Preska el 15 de julio, permitiendo que las partes expongan sus argumentos. Argentina presentó dos escritos donde sostiene que “el tribunal de distrito ha exigido a un soberano extranjero violar sus propias leyes y transferir bienes dentro de su territorio a Estados Unidos, para ser ejecutados en virtud de una sentencia estadounidense”.
La raíz del litigio se remonta a 2012, cuando el Gobierno de Cristina Kirchner, respaldado por el Parlamento, nacionalizó parcialmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que estaba bajo el control de la española Repsol. Tres años después, después de adquirir los derechos de litigio del grupo Petersen, antiguo accionista minoritario, Burford Capital y Eton Park demandaron al Estado argentino en Nueva York por incumplimiento de su obligación de hacer una oferta de adquisición a todos los accionistas de YPF. En 2023, la jueza falló a favor de los demandantes y condenó a Argentina a pagar 16.099 millones de dólares (actualmente, la cifra supera los 18.000 millones debido a intereses).
Los alegatos argentinos, elaborados por la Procuración del Tesoro de la Nación, destacan que el fallo vulnera la “inmunidad soberana”, ya que “el derecho y la práctica estadounidense reconocen que la propiedad de un Estado extranjero está completamente protegida frente a embargos o ejecuciones”.
Además, se argumenta que la ley de inmunidades soberanas (FSIA) no aplica en este caso, dado que “las acciones de YPF no se encuentran en Estados Unidos, nunca fueron utilizadas en actividades comerciales allí, ni están relacionadas con el reclamo”. La apelación subraya que, “a menos que se revoque esta orden, se generará un mundo al revés”, donde los bienes de un Estado tendrían menos protección dentro de su propio territorio que en Estados Unidos. “En pocas palabras, esto representaría un desastre legal y diplomático”.
Finalmente, la presentación sostiene que “la orden judicial obliga a Argentina a desconocer su propia legislación, que desde 2012 requiere la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de esas acciones. También contraviene el principio de cortesía internacional (comity) y la doctrina del acto de Estado (act-of-state doctrine), fundamentales en las relaciones entre naciones”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha intervenido en la Cámara de Apelaciones de Nueva York como amicus curiae a favor de Argentina. Las relaciones entre ambos gobiernos son óptimas; el presidente argentino, Javier Milei, ha manifestado su alineamiento incondicional con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Esta semana, el republicano recibió a Milei y anunció un multimillonario rescate para sostener su plan económico, justo un mes antes de las cruciales elecciones legislativas argentinas.
La apelación de Argentina menciona este apoyo: “Como ha dejado claro el Gobierno de Estados Unidos ante este tribunal, la orden de la jueza Preska, si se confirma, sería perjudicial para los intereses de EE. UU., incluyendo el riesgo de un trato recíproco que afectaría sus bienes y sus relaciones con un aliado importante. Este tribunal debería revocar la orden”, argumentaron los abogados argentinos. La petrolera YPF es un activo esencial para Argentina, representando el 40% de la producción de petróleo y el 30% de gas en el país, con activos totales de 29.015 millones de dólares y un patrimonio de 11.924 millones. La audiencia en los tribunales estadounidenses está programada para el 29 de octubre, cuando se espera que las partes presenten sus argumentos de manera oral.
