La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ha confirmado que tres personas han sido detenidas, supuestamente ligadas a los ataques ocurridos los días 20 y 21 de septiembre en sus oficinas de Tijuana y Ensenada. Estos ataques incluyeron el lanzamiento de bombas molotov, la quema de cinco patrullas oficiales y una agresión hacia un guardia de seguridad.
Según la fiscal María Elena Andrade Ramírez, estos actos de violencia se dirigieron contra la labor de la fiscalía estatal y no específicamente a una ciudad:
“No se trató de un ataque a Ensenada. Fue un ataque a nuestra institución. Obviamente, esto es consecuencia del trabajo que hemos realizado: hemos detenido a bandas criminales sin considerar a qué grupo pertenecen, ya que no es nuestra tarea determinar e investigar esos delitos, ellos son de fuero federal”, expresó.
En Ensenada, las agresiones tuvieron lugar en las oficinas de la FGE que se encuentran junto al centro de gobierno estatal y la presidencia municipal. En Tijuana, las acciones se centraron en la Unidad de Robo de Vehículos y la Unidad de Secuestros, causando daños materiales significativos, que incluyen la destrucción de cinco patrullas y la amenaza a un guardia de seguridad por parte de los atacantes.
Los incidentes se produjeron durante la madrugada y, según informes oficiales, varias personas se retiraron del lugar al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad. La fiscal Andrade Ramírez se trasladó a Ensenada para evaluar los daños y conversar con el personal afectado.
La FGE realizó operativos en varias localidades del estado para recolectar evidencia y dar con los responsables. Andrade Ramírez informó que ya hay tres personas detenidas y bajo investigación. “Seguimos trabajando: ya tenemos tres apresados para investigación y estamos comprometidos a continuar con las indagatorias y desarrollando cateos”, aseguró.
La fiscal estatal aseguró que las operaciones se fundamentan en evidencia recopilada en el campo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal (CCSPM), a través de su presidente Edgardo Flores, opinó que estos ataques podrían ser una represalia por el trabajo que realiza la FGE Baja California en la lucha contra la delincuencia:
“Lo primero que se puede pensar es que esto es resultado de nuestro trabajo. No veo otra interpretación y me preocuparía si existiera alguna”, declaró a medios de comunicación locales.
La fiscal Andrade Ramírez descartó que los ataques tengan relación con el reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que menciona a varias personas por supuestos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “La Mayiza”.
Entre los mencionados se encuentra la ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, Hilda Araceli Brown. La funcionaria enfatizó que la fiscalía estatal no tiene la competencia para investigar delitos de fuero federal.
