Candelario Arcega Aguirre, conocido anteriormente como “El Cande”, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos junto a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal por Morena, y el empresario Jesús González Lomelí. Todos están acusados de brindar apoyo institucional y financiero al Cártel de Sinaloa en Baja California. Su nombre se encuentra en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que tienen como objetivo desmantelar la red financiera de esta organización criminal.
La notoriedad pública de Arcega Aguirre comenzó en junio de 2009, cuando fue arrestado en Ensenada junto a un grupo de personas, entre ellas Fabián Ortega Piñón, conocido como “El Halcón de la Sierra”, quien fue posteriormente asesinado en Chihuahua en 2010. Según el Ejército Mexicano, bajo el mando del general Alfonso Duarte Mújica, “El Cande” era responsable de la producción y comercialización de drogas sintéticas en ese momento.
La detención se produjo tras un operativo en el malecón, donde los implicados intentaron destruir su equipo de comunicación mientras estaban a bordo del yate “María Alondra I”, antes de ser trasladados a la Segunda Zona Militar en Tijuana.
El mismo año, el secuestro y asesinato de la modelo Adriana Ruiz Muñiz —quien supuestamente había alertado a las autoridades sobre la reunión en el yate— exacerbó la violencia en la región. Aunque Arcega Aguirre fue liberado y exonerado, regresó a Rosarito y estableció negocios en transporte, mecánica y organización de eventos.
Su vinculación con el Cártel de Sinaloa se fortaleció a través de la facción de “La Mayiza”, particularmente a través de los hermanos Alfonso y René Arzate García, conocidos como “El Aquiles” y “La Rana”, quienes son identificados como operadores directos de Ismael “El Mayo” Zambada. Las autoridades financieras de EE. UU. indican que esta red ha controlado por más de diez años las rutas de metanfetaminas, fentanilo y marihuana hacia California, logrando lavar millones de dólares mediante negocios turísticos y de entretenimiento con la ayuda de empresarios como González Lomelí y protección de operadores como “El Cande”.
La relación de Arcega Aguirre con Hilda Araceli Brown Figueredo facilitó la colocación de aliados en el gobierno municipal, otorgando cobertura institucional a las operaciones de los hermanos Arzate García. Durante su gestión, Arcega Aguirre y González Lomelí se desempeñaron como intermediarios entre la facción criminal al gestionar pagos de extorsión y asegurar protección del Departamento de Seguridad Pública local, mientras Arcega Aguirre obtenía contratos públicos a través de Grupo Karce para la reparación de vehículos en 2023.
El 23 de enero de 2024, la entonces alcaldesa formalizó un contrato por más de 11.9 millones de pesos para la adquisición de ocho camionetas Dodge Ram para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, lo que benefició directamente a Arcega Aguirre sin que su empresa fuera concesionaria. Su historial incluye episodios violentos; en junio de 2016, fue secuestrado en uno de sus salones de eventos y liberado una semana después tras un operativo policial, sin esclarecerse los motivos.
Su nombre ha sido mencionado en narcomantas atribuidas a grupos criminales, donde se le acusa de recibir protección de altos funcionarios estatales, reforzando así la sombra que proyecta en la vida pública de Baja California.
