Aproximadamente el 60 % del sistema de tuberías en el Estado está desactualizado. Ensenada y Tijuana enfrentan un rezago histórico; la inversión actual es insuficiente
La infraestructura subterránea no es visible, pero su impacto se siente en tiempos de crisis. Recientemente, Tijuana experimentó un colapso en una de sus vías más transitadas debido a un socavón provocado por la explosión de la red hídrica en la colonia Los Reyes, específicamente en el bulevar Díaz Ordaz, lo que resultó en una gran pérdida de agua. Esto llevó a un esfuerzo ininterrumpido de 36 horas por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), bajo la dirección de Jesús García Castro.
Más de 600 colonias sufrieron interrupciones en el servicio de agua; aun con la reparación hecha, la presión del agua tardó en normalizarse. Este incidente es un ejemplo más de las condiciones críticas que enfrenta Baja California, donde los ciudadanos no solo deben lidiar con la disminución anual de los mil 850 millones de metros cúbicos de agua provenientes del Río Colorado que abastecen casi toda la región, sino que también deben enfrentar una red de tuberías inadecuada para satisfacer las crecientes demandas de la población, especialmente en la Zona Costa del Estado.
Baja California cuenta con un millón 330 mil 360 cuentas de agua, y los municipios de Mexicali y Tijuana acaparan más de un millón de estas. La cobertura de agua potable en la entidad se sitúa en 97.69 %, teniendo Ensenada el mayor rezago con solo un 88 %, lo que deja a cerca del 12 % de la población sin acceso a este recurso vital.
Curiosamente, los municipios con menos agua disponible tienden a mejorar sus políticas de reutilización de agua, mientras que Mexicali y Tijuana, a finales de 2024, solo lograban reutilizar el 37 % y el 3 %, respectivamente, en contraste con Ensenada, que alcanza un 62 % de aprovechamiento. Los datos también indican que existe una cartera vencida histórica que asciende a cuatro mil 958 millones 649 mil 011 pesos. La recuperación e inversión de este monto podría llevar a la modernización completa del sistema de tuberías, muchas de las cuales, como en Mexicali, siguen siendo de asbesto, un material obsoleto y cancerígeno, con obras subterráneas que datan de hace 50 o 60 años, superando su vida útil.
Aunque es cierto que un sector de la población incumple con el pago del servicio de agua, también hay entidades gubernamentales, como la UABC y diversos ayuntamientos, que no cumplen con el consumo de agua, generando deudas que suman varios cientos de miles de millones de pesos para los operadores de agua. La realidad es que hay escasez de recursos económicos, así como una cobertura deficiente en varios municipios, lo que hace difícil exigir el pago de impuestos a comunidades como la 89 de Ensenada, donde no hay acceso a agua potable, o a ciertas localidades del Valle de Mexicali que enfrentan situaciones similares.
El abandono del sistema hídrico es notable y tiene raíces históricas en administraciones panistas, situación que ha continuado durante los cinco años de gobierno de Morena en Baja California. Durante esta administración, se iniciaron proyectos para rehabilitar plantas de tratamiento como la Nopalera, entre otros vinculados al bono verde; sin embargo, esos esfuerzos son insuficientes para garantizar la cobertura y distribución eficientes del sistema hídrico del Estado.
Antes de considerar grandes obras o inversiones que comprometan los recursos públicos a largo plazo, los gobiernos estatal y municipales deben evaluar que, con una red hídrica deficiente, la distribución del agua seguirá siendo un desafío, con pérdidas de hasta el 20 % del recurso hídrico por fugas, una realidad vigente en la región. Todos en Baja California corremos el riesgo de que, en cualquier momento, mientras nos desplazamos, una vía colapse y caigamos en un agujero de 5 o 6 metros debido a la filtración de agua; sin embargo, es probable que sigamos enfocándonos en grandes proyectos, ignorando los problemas hasta que otro tubo falle.
