Enfriamiento y alivio en relaciones EE. UU. – Colombia
Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han experimentado un enfriamiento y un alivio simultáneo. El gobierno estadounidense ha decidido, por primera vez en 30 años, excluir a Colombia de la lista de naciones que combaten el narcotráfico.
A pesar de esto, el gobierno de Trump otorgó una exención de sanciones que habría implicado severos recortes en la asistencia a Colombia, argumentando la necesidad de proteger intereses nacionales vitales de EE. UU.
El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que, aunque el gobierno colombiano no ha logrado cumplir con sus obligaciones en el control de drogas, ha emitido una exención para permitir que la cooperación, especialmente en materia antinarcóticos, siga en pie. Este anuncio se produjo poco después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anticipara la decisión de EE. UU.
Reacción y contexto colombiano
En su respuesta a la medida, el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, comentó en los medios que el país suspendería las compras de armas a Estados Unidos. Durante las semanas previas, se había anticipado casi de forma unánime que EE. UU. retiraría esta certificación, que se otorga anualmente a países donde se produce y distribuye droga, y que es crucial para la llegada de millones en ayuda económica.
Aunque la exención de sanciones ha evitado un escenario catastrófico para Bogotá, la decisión simboliza un golpe a la relación bilateral, antes considerada la más estratégica para Estados Unidos en la región. Desde que Trump asumió la presidencia en enero, las tensiones entre los dos países han aumentado.
Significado de la “descertificación”
El término “descertificación”, derivado de una ley de 1986, se refiere a la evaluación anual que realiza el gobierno estadounidense sobre la cooperación de los países en la lucha contra los narcóticos. Si se considera que un país no ha cooperado completamente, se le niega la certificación y se puede suspender la ayuda exterior.
La decisión considera factores como la reducción de la producción ilícita de drogas y el tráfico asociado, así como la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. En el caso de Colombia, la producción de cocaína ha aumentado un 53% en 2023, alcanzando las 2,600 toneladas, según la ONU.
Implicaciones de esta medida para Colombia
Desde el inicio del nuevo milenio, Colombia ha estado en el centro de la asistencia y financiación estadounidense mediante el “Plan Colombia”. Washington ha contribuido significativamente al gasto militar, que se ha asociado con el debilitamiento de las Farc y los procesos de paz posteriores.
A pesar de la reciente reducción de ayuda, Estados Unidos sigue siendo un aliado crucial para Colombia, con estimaciones que indican que en 2024 la asistencia podría superar los 400 millones de dólares. Algunos analistas sugieren que esta descertificación podría resultar en una reducción de entre el 30% y el 40% en los recursos económicos disponibles para el gobierno colombiano.
Decisión política
La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, destacó que la eventual descertificación se interpretaría como una “decisión política”. Mientras que Benedetti sugirió que la decisión no respondía a cuestiones sobre el esfuerzo antinarcóticos de Colombia, sino que era un mensaje dirigido al gobierno de Petro.
Varios expertos coinciden en que el contexto político ha marcado esta decisión. Históricamente, este tipo de sanciones se han aplicado en contextos de relaciones tensas, como se observó anteriormente con Bolivia y Venezuela. Esta es la primera vez que Colombia enfrenta una situación así desde la administración de Ernesto Samper (1994-1998).
Desafíos futuros
La administración de Trump revisará la decisión en septiembre de 2026. Para entonces, Gustavo Petro habrá culminado su mandato, y las elecciones habrán designado un nuevo gobierno. Muchos analistas consideran que el futuro de la certificación depende de un realineamiento de Colombia con las expectativas y condiciones de cooperación requeridas por Washington.
En una relación que solía ser considerada un modelo de alianza en seguridad, ya no hay garantías de continuidad, especialmente si se repite una presidencia de tendencia izquierdista.
