Estados Unidos ha convenido en transferir 4.7 millones de dólares al Gobierno de El Salvador, a fin de recibir hasta 300 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos. Para llevar a cabo este acuerdo, la Administración Trump estableció ciertas condiciones, entre ellas, la prohibición de utilizar estos fondos para proporcionar asesoría legal a los solicitantes de asilo.
Este acuerdo fue enviado a la administración de Nayib Bukele y se ha revelado en el marco de una demanda interpuesta por organizaciones que defienden los derechos civiles. Los detalles del pacto, que permanecían en secreto, sugieren que los migrantes deportados deberían permanecer de manera indefinida en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), considerado como una megacárcel destinada a recluir a supuestos miembros de pandillas criminales.
“La correspondencia entre el Departamento de Estado de EE. UU. y El Salvador confirma nuestras sospechas: la Administración Trump-Vance no tomó medidas para proteger a las personas que serían enviadas a la notoria prisión Cecot, expuestas a torturas y abusos. Sin embargo, el acuerdo sí impone restricciones claras sobre el uso de los fondos, excluyendo la atención de salud reproductiva y el acceso a recursos para los solicitantes de asilo”, sostuvo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, la organización que, junto con RFK Human Rights, presentó la demanda.
El 15 de marzo, la Administración estadounidense deportó a más de 250 migrantes (principalmente venezolanos y algunos salvadoreños) como parte de su estrategia de deportación. Desde la Casa Blanca, se afirmó que los detenidos eran vinculados a la organización criminal venezolana Tren de Aragua, aunque no se presentaron evidencias respaldatorias y no tuvieron derecho a un debido proceso antes de su expulsión.
Entre los deportados se encontraba Kilmar Abrego García, un salvadoreño enviado erróneamente, quien ha llegado a representar un símbolo de las deportaciones injustas durante la gestión del exmandatario republicano.
El documento de cinco páginas del Ministerio de Exteriores de El Salvador, fechado el 22 de marzo, establece varias condiciones para aceptar el pago. Además de restringir el uso de los fondos para asesorías legales a migrantes, también prohíbe su uso en planificación familiar, incluidos abortos, y excluye la financiación de programas de diversidad, igualdad e inclusión, así como de la UNRWA (agencia de la ONU que ayuda a refugiados de Gaza).
El acuerdo indica que el Gobierno de Trump proyectaba que los detenidos permanecieran en el Cecot por un mínimo de un año. Esta prisión de alta seguridad es conocida por violaciones de derechos humanos y torturas sufridas por los internos. Según el documento, el Gobierno de Bukele aceptó recibir hasta 300 detenidos el 14 de marzo, un día antes de la deportación, llevada a cabo en el máximo secreto, a pesar de una orden judicial que restringía el traslado durante el vuelo de los migrantes.
