La reciente decisión de un tribunal federal que revoca la cancelación del estatus protegido para millones de venezolanos puso fin a un complicado proceso judicial de diez días para el Gobierno de Donald Trump y su acopio de poder en Estados Unidos. Múltiples tribunales han declarado ilegales medidas fundamentales de su amplio programa, que incluyen desde aranceles globales hasta políticas migratorias y la suspensión de fondos a la Universidad de Harvard. Ante las apelaciones presentadas o anunciadas, el conservador Tribunal Supremo será el encargado de determinar la validez de la agenda del presidente republicano y su capacidad para continuar acumulando poder. Las resoluciones tendrán repercusiones a largo plazo.
Durante la última semana, el presidente ha enfrentado numerosos reveses en el ámbito judicial, con jueces que han emitido críticas contundentes en sus fallos. La utilización de la ley de enemigos extranjeros, creada en el siglo XVIII para situaciones bélicas, para deportar de manera expedita a inmigrantes irregulares ha sido calificada como “ilegal”. Retener 2.200 millones de dólares en fondos federales a la Universidad de Harvard como presión para que la institución educativa más antigua del país cumpla con las exigencias gubernamentales en contratación y admisión ha sido considerada “un ataque motivado ideológicamente”. Además, la orden de Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio para enfrentar manifestaciones ha sido considerada “ilícita”.
Este último revés se produjo cuando el presidente ya había desplegado tropas en Washington DC, alegando la necesidad de combatir la delincuencia, y amenaza con enviarlas a otras ciudades controladas por demócratas, como Baltimore, Chicago y Nueva Orleans.
Este viernes, un juez federal en California determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, excedió sus competencias al anular el estatus de protección temporal otorgado por el expresidente demócrata Joe Biden a cientos de miles de haitianos y venezolanos. El magistrado Edward Chen, de San Francisco, calificó la decisión de la exgobernadora de Dakota del Sur como “arbitraria” y “caprichosa”.
Aranceles, el mayor golpe
La serie de reveses judiciales comenzó una semana antes, con la anulación de la mayoría de los aranceles impuestos por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, decidida por un tribunal de apelaciones con un voto de siete contra cuatro. El presidente ha calificado este dictamen como un “desastre” que perjudicará al país si el Tribunal Supremo no lo revierte. Su Administración depende de los ingresos obtenidos por estos aranceles para financiar recortes fiscales y reducir la creciente deuda nacional, que ya supera los 37 billones de dólares, más del 120% del PIB. El tribunal de apelaciones permitió que los aranceles considerados ilegales se mantuvieran hasta el 14 de octubre para que la Administración pueda reaccionar.
Por lo tanto, el Gobierno ha apresurado la presentación de una apelación al Supremo, pidiendo una decisión urgente con un discurso característico del republicano: los aranceles anulados, sostienen los abogados del Estado, “fomentan la paz y una prosperidad económica sin precedentes”. Su objetivo es “alejar a EE. UU. del desastre, restaurando su respeto y prominencia a nivel global”.
Inmigración, educación y seguridad
En los próximos días, es probable que se presenten más apelaciones, relacionadas con la política de deportaciones, el financiamiento de Harvard y el uso de la Guardia Nacional. También hay otros casos críticos que deberán resolver los tribunales, que son esenciales para los intentos del presidente por consolidar su poder, incluyendo el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo cual puede afectar la independencia del banco central, y la congelación de fondos por un total de 4.500 millones de dólares, previamente aprobados por el Congreso.
Los tribunales se han convertido en la única institución que ha confrontado hasta el momento al presidente; el Congreso, controlado por los republicanos en ambas Cámaras, ha evitado desafiar a un líder muy popular entre su base, que amenaza con hacer perder sus escaños a quienes se opongan a él.
Trump ha mantenido una postura desafiante ante las decisiones judiciales que intentan limitar su autoridad. Sostiene que los jueces en su contra son activistas de la izquierda radical. Esto incluye al Quinto Circuito, responsable del fallo sobre la ley de enemigos extranjeros, considerado el más conservador de los tribunales superiores federales. Así, el presidente confía en el Tribunal Supremo para el futuro de su agenda.
Seis de nueve
Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha tendido a favorecer las posiciones presidenciales, a veces sacrificando la claridad legal en ciertas decisiones. La corte, que regresará de su largo receso de verano el primer lunes de octubre, tiene una clara mayoría conservadora: seis de sus nueve miembros. Tres de ellos, además, fueron nombrados por Trump. En numerosas ocasiones, el Tribunal ha respaldado aspectos fundamentales de su política mediante órdenes de emergencia, a menudo sin firma y con argumentos muy breves.
En el ámbito de la política económica internacional, los magistrados también han dado la razón a la Administración, reconociendo que su experiencia y conocimiento en este campo son limitados.
“Frente a la mayor expansión de la autoridad presidencial en la historia, los jueces han evitado, a excepción de notables casos, confrontar a la Casa Blanca. Su respaldo a las iniciativas de Trump ha sido silencioso, generalmente a través de órdenes de urgencia sin firmar”, señala Michael Waldman, presidente del Centro Brennan para la Justicia, en un análisis reciente. “Sin embargo, estos casos deberán ser debatidos en detalle, bajo la atenta mirada pública”.
En juego están los límites del poder presidencial, que Trump intenta expandir a toda costa, en detrimento de un Congreso que, dominado por los republicanos, parece dispuesto a ceder sus competencias al presidente. Esto podría afectar el futuro del sistema estadounidense, que se basa en la separación y equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
“Lo que está en juego es fundamental para el Derecho estadounidense. ¿Puede un presidente imponer aranceles unilateralmente, algo que ningún otro líder ha hecho hasta ahora? ¿Puede un presidente detener y deportar a migrantes simplemente alegando sin pruebas que son miembros de bandas delictivas que invaden EE. UU. en nombre de un gobierno extranjero?”, cuestiona Brennan.
La estrategia del republicano es emitir órdenes ejecutivas y evaluar hasta dónde le permiten llegar, enfrentándose judicialmente a cada medida en su contra. Su cálculo es que, aunque no gane todos los casos, los jueces le darán la razón en algunos, lo que ampliará su poder.
El Supremo ha limitado significativamente la capacidad de los tribunales inferiores para emitir órdenes de paralización temporal de medidas de la Administración que consideren dudosas, mientras se dirimen los fundamentos de los casos. “Los tribunales no van a rechazar todo lo que [la Casa Blanca] está haciendo y, al final, la Administración obtendrá más simplemente inundando el terreno con órdenes ejecutivas”, indicó un abogado cercano a la oficina presidencial a NBC.
El entorno de Trump niega esta afirmación: “La realidad es que, con casi una veintena de victorias en el Tribunal Supremo, esta institución ha validado consistentemente las políticas de la Administración, a pesar de numerosos desafíos legales y sentencias desfavorables de tribunales inferiores. Y las victorias seguirán”, comentó una portavoz de la Casa Blanca.
Las confrontaciones comenzarán el próximo mes, con el regreso de los magistrados del Supremo. El mundo estará atento a estos acontecimientos. Está en juego, entre otras cosas, el comercio global. “Las decisiones de los jueces en estos casos influirán o limitarán los intentos del presidente por establecer un nuevo modelo para la economía de EE. UU. y del mundo, con consecuencias que se extenderán más allá de este mandato”, sostiene Josh Lipsky, del think tank Atlantic Council.
