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Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, un informe crucial para estudiar la pobreza y desigualdad en México. Un dato alentador de esta edición indica que el país ha alcanzado el nivel más bajo de pobreza en su historia reciente, con un 29.6% de la población en pobreza multidimensional y un 5.3% en pobreza extrema. Si estos datos se confirman, representarán un avance significativo en la calidad de vida de millones de familias, y se han utilizado en el discurso público como un logro de las políticas económicas y sociales de la administración anterior.
Uno de los aspectos más relevantes sobre la disminución de la pobreza es que, por primera vez en dos sexenios consecutivos, se han registrado descensos sostenidos en sus tasas. Esto evidencia que tanto en el periodo 2012-2018 como en el 2018-2024, las tasas de pobreza, especialmente la relacionada con ingresos, han disminuido. No obstante, es importante destacar que durante este tiempo el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita creció menos de un 0.5% anual en promedio. En otras palabras, los avances recientes en materia de pobreza no son atribuibles al crecimiento económico, como sí sucedió en otras épocas de la historia nacional.
Según el INEGI y varios analistas, la reducción de la pobreza se debe principalmente al aumento en los ingresos laborales, impulsado por diferentes políticas laborales como el aumento del salario mínimo y reformas en la regulación de sindicatos. Sin embargo, esto plantea una pregunta crítica: ¿cómo podemos mantener y continuar reduciendo los niveles de pobreza sin un crecimiento económico más robusto? Un mercado laboral que ofrece salarios más altos puede sacar a muchas familias de la pobreza, pero sin aumentos en productividad e inversión, es difícil imaginar que esta tendencia se sostenga a largo plazo.
Por otro lado, un elemento mencionado como clave para la reducción de la pobreza ha sido el incremento en las transferencias de los programas sociales. Según los datos de la ENIGH, entre 2018 y 2024, el ingreso promedio a través de programas sociales creció un 223%, con las pensiones para adultos mayores aumentando un notable 551%. Sin embargo, estos beneficios representan menos del 4% del ingreso total de los hogares, lo que limita su impacto en la pobreza. A pesar de que ha habido un aumento en el gasto social, los resultados en términos de pobreza y desigualdad continúan siendo modestos.
La forma en que se distribuyen estos recursos también es un tema de preocupación. En 2018, la política social priorizaba el gasto focalizado en los grupos de menor ingreso, mientras que ahora los programas han pasado a ser universales, diluyendo su efectividad. Aunque se presenta con buenas intenciones, el hecho de que todos los grupos de ingresos reciban proporciones similares de transferencias limita la capacidad de redistribución. La universalidad es deseable, pero debe basarse en un enfoque equitativo que no perpetúe desigualdades existentes.
El reto futuro es, por lo tanto, consolidar los avances en reducción de la pobreza mientras se construye un modelo más equitativo. Esto requiere impulsar el crecimiento económico, reasignar recursos de manera más equitativa, y garantizar un “pisos universal” en el acceso a servicios básicos. A largo plazo, México debe centrarse en una política social que no solo se enfoque en la distribución de recursos, sino que también busque efectividad, equidad y sostenibilidad.
En conclusión, México ha hecho progresos importantes en la reducción de la pobreza, pero enfrenta el desafío de equilibrar el crecimiento y una distribución justa. Continuar la tendencia actual podría dar pie a una paradoja: una disminución de la pobreza a corto plazo pero una desigualdad persistente en el largo plazo. Para un verdadero avance hacia un desarrollo inclusivo, es esencial combinar crecimiento económico y redistribución equitativa.
