Estados Unidos demuestra la generosidad del vencedor; con la captura en mano, la fiscal general, Pam Bondi, subrayó la “cooperación” con México para la detención de criminales como Ismael El Mayo Zambada, quien este lunes se declaró culpable en el tribunal de Nueva York a cargo del juez Brian Cogan, el mismo que encarceló al Chapo Guzmán y a otros capos del narcotráfico. Este agradecimiento a las autoridades mexicanas representa un alivio para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que frecuentemente se ve obligado a defender su territorio ante las agresiones y amenazas estadounidenses, al tiempo que critica la “hipocresía” de considerar a los carteles como organizaciones terroristas, mientras se firman acuerdos con los grandes narcotraficantes. Las declaraciones de El Mayo, sin embargo, deberían alertar a toda la clase política mexicana, que ha negociado a lo largo de décadas para servir a sus objetivos criminales: “La organización que lideré fomentó la corrupción en mi país al sobornar a policías, altos mandos militares y políticos que nos permitieron operar sin restricciones”, ha afirmado quien fue el líder del poderoso cartel de Sinaloa, conocido por su cercanía con el poder político.
Al aceptar su culpabilidad en dos cargos, Zambada, de 77 años, se compromete a pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. A inicios de este mes, los fiscales descartaron la opción de solicitar la pena de muerte, un gesto que allanó el camino para el acuerdo entre el narcotraficante y Washington. “Cuando tratamos con [acusados de] México, no podemos pedir la pena capital, es un pacto con las autoridades mexicanas. Pero este individuo tiene 77 años y vivirá como si estuviera en el corredor de la muerte”, afirmó Bondi con un tono triunfalista: “El Mayo pasará el resto de sus días tras las rejas”.
El Mayo Zambada es un objetivo crucial. Desde su detención en julio del año pasado, tras ser traicionado por sus socios, los hijos del Chapo, se supo que Estados Unidos tenía en su poder un activo de alto valor político que podría comprometer a numerosos gobernantes y autoridades policiales y militares. La colusión entre la clase política y el narcotráfico es un fenómeno recurrente en México, especialmente cuando una organización lleva décadas operando sin que sus máximos líderes sean atrapados, algo que Estados Unidos critica de manera constante.
El expresidente Donald Trump no ha dejado de repetirlo desde que asumió el cargo, forzando a Claudia Sheinbaum a entregar a 55 delincuentes ya encarcelados para que se aplique su propia justicia y obtener beneficios de sus declaraciones, que no hacen más que fortalecer su argumento: en las prisiones mexicanas el delito persiste y una gran parte del Estado, ya sean gobernadores, presidentes municipales o secretarios de Seguridad, está implicada en el entramado mafioso.
“El Gobierno mexicano deberá decidir si elige una defensa simplista basada en el patriotismo, ya que la verdadera traición no radica en ser expuestos en un tribunal internacional, sino en que se les proteja y no se les juzgue adecuadamente”, señala Carlos Flores, experto en Seguridad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
La amenaza contra la clase política mexicana se ha intensificado desde que dos de los hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, fueron capturados por la justicia estadounidense en 2023 y 2024, respectivamente, y lograron ciertos acuerdos con las autoridades judiciales de aquel país. Existe una gran cantidad de información que manejan, y los especialistas en seguridad afirman que tras la entrega de dos lotes de criminales encarcelados, como solicitó Trump, los políticos serán los siguientes. La retirada de visas para viajar a Estados Unidos ha sido una de las señales que el gobierno del magnate republicano ha ido dejando caer contra algunos gobernantes, como la gobernadora de Baja California, Pilar Ávila.
Si la detención de El Mayo ha desencadenado una guerra entre carteles en Sinaloa que ya ha causado cientos de muertes, no será menor la agitación política que se avecina si el delincuente decide hablar, algo que su abogado, Frank Pérez, niega: “No va a hablar de nadie”, declaró. “El acuerdo con Estados Unidos es de dominio público, no se trata de cooperación; [El Mayo] quería reconocer su culpabilidad. La información que posee se queda con él”, insistió. Sin embargo, en estos casos, la palabra de un abogado tiene el mismo peso que la del delincuente y, más aún, que la de los gobiernos participantes. Será complicado conocer los términos de los acuerdos alcanzados y las futuras repercusiones políticas.
“Las expectativas de obtener información son altas y esto ha influido en la negociación de los acuerdos, además de que es probable que Estados Unidos utilice esos conocimientos para procesar a otros actores, tanto delictivos como de la clase política o empresarial. Las múltiples décadas de El Mayo al frente del cartel le otorgan un vasto conocimiento sobre otros implicados, algo que ya se ha evidenciado en juicios como el de García Luna, secretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón”, menciona Flores, quien cree que ahora “fluirá más” la información y esto puede “impactar no solo a los gobiernos mexicanos del pasado, sino también a los actuales”, siendo estos últimos los que pueden sufrir mayores consecuencias.
