En diversas causas legales en tribunales de Estados Unidos, algunas de las cuales se iniciaron hace más de diez años, la Fiscalía ha caracterizado a Nicolás Maduro no solo como el líder del Estado, sino como líder de una estructura criminal que opera como un cártel.
Muchos de estos casos quedaron inactivos durante la Administración de Joe Biden, que decidió no avanzar en las acusaciones más delicadas contra líderes chavistas, coincidiendo con intentos de diálogo político. Sin embargo, la Fiscalía ha reabierto dichos casos, detallando cómo Maduro dirigió una organización equiparada a una empresa criminal: un sistema en el que funcionarios de alto rango, empresas estatales y estructuras militares actuaron coordinadamente para traficar drogas, lavar dinero y ejercer control mediante la violencia y la corrupción.
El expediente más reciente, registrado el 14 de agosto en Miami, se deriva de una demanda presentada por las familias Kenemore y Marval, junto con Jason Saad. En la solicitud inicial, exigen compensaciones bajo la Ley Antiterrorista Federal y la Ley Antiterrorista de Florida. La denuncia detalla que los demandantes, que fueron canjeados por mediación del Gobierno estadounidense por Alex Saab, fueron capturados por el régimen entre 2020 y 2023, después de que Saab fuera arrestado en Cabo Verde y extraditado a Miami, y que las víctimas estuvieron privadas de libertad entre 123 y 643 días. Saab, visto como testaferro de Maduro, fue representado por el juez inhabilitado español Baltasar Garzón.
El documento fue aceptado en el registro del tribunal el día de su presentación y está en trámite para que se reconozca la responsabilidad de Maduro, del cártel de los Soles, de PDVSA y de otros altos funcionarios venezolanos por narcoterrorismo, secuestro y tortura.
De acuerdo a las diversas demandas y acusaciones que ha revisado ABC, el cártel de los Soles se describe como una organización criminal formada por altos mandos militares y políticos de Venezuela, su nombre proviene de los símbolos con la imagen de un sol que llevan los generales en sus uniformes. En los procesos abiertos en Nueva York, se le atribuye la coordinación de grandes cargamentos de cocaína con las FARC, utilizando el territorio venezolano, aeropuertos, puertos y rutas seguras controladas por el Estado. La Fiscalía sostiene que Maduro ascendió en esta estructura hasta convertirse en su líder, lo que llevó a su acusación en 2020 por narcoterrorismo y conspiración para importar drogas.
Paralelamente, las demandas más recientes en Florida apuntan al mismo entramado, pero incorporan un nuevo capítulo: el uso del secuestro y la tortura de rehenes como táctica para presionar a Washington. Se acusa a Maduro y a sus principales colaboradores de liderar una red en la que participan también PDVSA y su filial CVP, como instrumentos de lavado de dinero y financiamiento del cártel.
En resumen, Maduro enfrenta en Estados Unidos un doble frente judicial: en Nueva York, un macroproceso penal en su contra por ser el jefe del cártel de los Soles, responsable de inundar el mercado estadounidense con drogas, y en Florida, una demanda donde las víctimas directas lo responsabilizan por secuestros y torturas. Ambos procedimientos coinciden en la idea de que el Estado venezolano, bajo el mando de Maduro, se ha convertido en el pilar de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la corrupción y el terrorismo.
