Treinta maestras, psicólogas y orientadoras han perdido su empleo tras la decisión repentina de la Dirección de Protección Civil de Tijuana de cerrar varios preescolares del DIF Municipal, debido a supuestas deficiencias en medidas de seguridad, dictámenes eléctricos e infraestructura.
Paola de la O, quien se desempeñaba como orientadora comunitaria en los preescolares del DIF Tijuana durante 20 años, indicó que el 14 de agosto se ordenó el cierre de, según su declaración, 15 preescolares. Esta medida se tomó a solo dos semanas del inicio del nuevo ciclo escolar, fundamentándose en la presunta falta de medidas de seguridad, aunque enfatizó que no se les presentó documentación que respaldara dicha decisión.
La medida no solo afecta a las maestras, sino también a mil niños que estaban inscritos en los preescolares clausurados, así como a sus padres. Estos demandan una reubicación rápida en otras escuelas para evitar la pérdida del año escolar y solicitan que sean instituciones cercanas a sus comunidades, ya que el cambio no solo impactará su rutina diaria, sino que también les generará gastos adicionales.
Arely Bautista Galindo, madre de familia, expresó su descontento: “No considero justo que nos avisen ahora sobre el cierre; ya teníamos todo preparado, las inscripciones de los niños completadas y estábamos adquiriendo materiales y uniformes”.
El director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez, explicó que el cierre de, según su versión, cinco estancias se debe a su falta de cumplimiento con las medidas de seguridad requeridas, como tener un programa interno de protección civil y contar con dictámenes eléctricos y estructurales.
Respecto a la posibilidad de reanudar las operaciones, José Luis Jiménez afirmó: “Deben atender nuestras demandas para que puedan reabrir. Necesitan un dictamen estructural que confirme que están en condiciones adecuadas.”
En una reunión entre las maestras de los preescolares del DIF y personal de la Secretaría de Bienestar, se les informó que los centros educativos dejarían de operar definitivamente, alegando que “las instalaciones no eran aptas para los menores”. No obstante, ante la preocupación de las maestras y los padres, el Ayuntamiento prometió, aunque verbalmente, reubicar a los 500 menores restantes, teniendo en cuenta su lugar de residencia para asegurar que el nuevo plantel esté lo más cerca posible. A las docentes se les ofreció la posibilidad de recibir empleos como personal de confianza en el mismo gobierno municipal.
El alcalde Ismael Burgueño aclaró que “la decisión de cerrar los planteles se debe a que, al iniciar la administración, encontré que los edificios no cumplían con las condiciones adecuadas para su operación. No poseen clave escolar del sistema educativo estatal para otorgar certificados, utilizando una clave prestada en administraciones anteriores. Es una cuestión prioritaria que ya se está atendiendo y se resolverá de inmediato”.
