El senador por Baja California, Gustavo Sánchez Vásquez, denunció que la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha estado acosando a medios de comunicación mediante actos de censura y represalias.
Se refirió a las afirmaciones de los reporteros Jorge Heras y Eduardo Villalugo, quienes indicaron que miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eliminaron contenido de sus redes sociales. Además, mencionó los reclamos de la reportera Dianeth Pérez Arreola, quien recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República tras formular preguntas sobre la licitación de la planta potabilizadora en Tecate durante una conferencia con la mandataria estatal.
“Quiero abordar el tema del acoso que el gobierno del estado está ejerciendo sobre los medios de comunicación”, declaró el martes 19 de agosto en una rueda de prensa en Tijuana.
“Hace dos semanas, el portal Ciudad Capital publicó un reportaje sobre policías que actuaron incorrectamente en un fraccionamiento privado. Este informe fue prácticamente eliminado de las redes sociales desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, un hecho debidamente documentado”, señaló.
“Recientemente, la reportera Dianeth Pérez realizó una pregunta en la rueda de prensa del gobierno estatal sobre la licitación en La Nopalera en Tecate. Estas preguntas parecieron causar malestar, ya que el gobierno del estado presentó una denuncia ante la fiscalía federal, y la reportera fue citada para explicar sus preguntas”, añadió el legislador.
En el citatorio dirigido a la periodista, la Fiscalía General de la República le comunicó que en un oficio del 7 de agosto, el Secretario General del Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, expuso ante la FGR las afirmaciones de Pérez Arreola sobre la planta potabilizadora, específicamente que se había licitado dos veces y que se insinuaba que “estas obras del Bono Verde” estaban siendo adjudicadas a empresas vinculadas al crimen organizado.
El PAN condena “enérgicamente que el gobierno del estado esté reprimiendo a los reporteros en Baja California. No estaremos de acuerdo con que el ejercicio del periodismo y la difusión de noticias se restrinja en Baja California”, sostuvo Gustavo Sánchez. Resaltó que ambos incidentes, ocurridos en un lapso de 15 días, reflejan “una actitud para intimidar a los medios de comunicación y a los reporteros, para que solo hagan preguntas convenientes”.
Al ser abordado por ZETA, Sánchez Vásquez mencionó que elevará este asunto al Senado de la República. “Es muy preocupante que un periodista reciba un citatorio de la Fiscalía General para que comparezca y explique lo que preguntó”, expresó. “Ella, en su derecho laboral y periodístico, formular preguntas legítimas sobre las empresas que ganaron la licitación, indagando sobre posibles vínculos con el crimen”, aclaró el senador del Partido Acción Nacional. “Estos son actos de intimidación. No podemos permitirlo en Baja California, y me comprometo a presentar un exhorto”, concluyó.
