A casi una década de la gestión de César Moreno González de Castilla en Tecate, se evidencia un contubernio con las administraciones subsiguientes, incluidas las actuales, manifestándose en la impunidad que han mostrado jueces y otros funcionarios frente a investigaciones y denuncias en curso.
Previo al término de su mandato como alcalde, el Ayuntamiento de Tecate, liderado por Moreno, incurrió en una significativa deuda que afectaría las futuras participaciones federales. El 23 de febrero de 2016, se firmó un contrato de crédito de 160 millones de pesos con Bansi, de los cuales 71 millones 619 mil 45 pesos fueron destinados a reestructurar la deuda adquirida por su predecesor, Javier Urbalejo Cinco, y los restantes 88 millones 380 mil 955 pesos estaban destinados a obras públicas.
Sin embargo, el uso de este crédito, aprobado únicamente para esos propósitos, se desvió, constituyendo graves violaciones a la Ley de Deuda Pública y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, según determinó la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC). La auditoría no encontró evidencia de las 29 obras prometidas que se llevarían a cabo con el presupuesto asignado.
Antes de concluir el periodo de Darío Benítez, Moreno volvió a ser foco de atención al obtener varios beneficios para continuar operando en fraccionamientos extensos de su propiedad. Esta irregularidad, caracterizada por eludir permisos y normativas, se ha acentuado en la administración actual bajo Román Cota, ex secretario particular de Moreno.
Moreno es copropietario de varias gasolineras que abastecen a organismos gubernamentales en Tecate, incluyendo una ubicada en el bulevar Universidad, cerca de su propiedad de más de 100 hectáreas, que rodea colonias como Maclovio Herrera y está en venta.
Mario Gaspar Sevilla, presidente del comité de las colonias Maclovio Herrera y La Bondad, denunció que el exalcalde ha impedido beneficios para la comunidad al apropiarse ilegalmente del camino conocido como “Camino Viejo a Tecate”, el cual las autoridades han reconocido como una vialidad pública de más de 100 años de existencia.
A pesar de las evidencias y denuncias en su contra, los funcionarios estatales y municipales han mostrado omisión. A día de hoy, no se han tomado acciones definitivas para abordar la situación, lo que mantiene la percepción de que Moreno ejerce un control significativo sobre las autoridades locales, afectando gravemente la comunidad y el acceso a servicios esenciales.
