Por el Derecho a la Libertad de Expresión
Recientemente se ha revelado una nueva faceta del gobierno de Román Cota Muñoz, presidente municipal de Tecate, al abordar un problema legal similar de dos maneras contrastantes. Por un lado, su trato desigual agravia a una familia de escasos recursos, mientras que por otro, favorece a un individuo corrupto, denunciado penalmente por peculado y otros delitos ante la Agencia del Ministerio Público. Esto es sorprendente, ya que el discurso habitual de Cota es el de brindar apoyo a las familias de bajos ingresos, pero en la práctica los ataca cuando surge la oportunidad.
En la Colonia La Coyotera, ubicada al este de la ciudad, hace unos días se presentaron policías municipales, la Guardia Nacional y agentes de la fiscalía estatal junto a representantes del área jurídica para intentar despojar a una familia que ha poseído su terreno durante 18 años. Este acto, bien orquestado, incluía una máquina conformadora y otros vehículos preparados para demoler la vivienda. El personal del área jurídica del ayuntamiento llegó y comenzó a intimidar a la familia, argumentando que estaban en un procedimiento de recuperación de una vía pública. Sin embargo, la familia contaba con la asistencia de una abogada que les exigió la presentación de una orden firmada por un juez que validara dicho procedimiento. Los funcionarios no presentaron documentos oficiales que respaldaran sus acciones, a pesar de haber tomado la decisión de proceder con la demolición, ignorando la documentación que la familia poseía, como contratos y recibos de pago que les acreditan como legítimos propietarios. El gobierno de Román Cota parece intentar menoscabar el esfuerzo de años de esta familia, confiando en su poder y desestimando a los vulnerables en el proceso.
En contraste, se encuentra la situación del corrupto exalcalde César Moreno González de Castilla, quien, según denuncias de los habitantes de las colonias Maclovio Herrera y La Bondad, se apropió de manera ilegal de un terreno de 2,443.68 metros cuadrados, obstaculizando el tránsito y las obras de urbanización, lo que limita el acceso al Hospital del IMSS.
Este caso no es nuevo en lo legal; lleva años en litigio y varias administraciones municipales han reconocido el uso habitual del Camino viejo a Tecate, también conocido como Camino Real. Esto podría ser parte de las acciones de fuerza de Román Cota para recuperar una vía pública. No obstante, al verse amenazados los intereses personales de César Moreno, la reacción política fue protegerlo, incluso a expensas del bienestar de una amplia parte de la población. En este caso, la fuerza pública no se utilizará para abrir el paso por el Camino Real. No todas las situaciones son evaluadas de la misma manera; existen evidentes diferencias.
Un asunto preocupante es que, al igual que Marina del Pilar, su esposo Carlos Torres, y el cónyuge de Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, a quien le revocaron el privilegio de cruzar a Estados Unidos el 8 de agosto pasado, César Moreno podría ser el siguiente político de Baja California en perder su Visa para entrar a EE. UU. Esto se debe a su vinculación con el huachicoleo local, denunciado por la diputada Maythé Méndez Vélez, quien reenvió un video donde se reclamaba el robo de combustible al Ayuntamiento de Tecate, denuncia que no ha progresado y que, además, culminaba en ventas en gasolineras locales, entre ellas las de Moreno.
La mención de tres políticos de Baja California vinculados a posibles delitos graves se ha vuelto una constante, lo que abre la posibilidad de que existan muchos más casos similares en la región. Vale la pena reflexionar sobre esta situación.
*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.
