Falta de Urgencia del Instituto de Transparencia de BC en Cumplimiento de Leyes
La falta de interés del Gobierno de Baja California en cumplir con las leyes de transparencia ha aumentado desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó la reforma constitucional que eliminó órganos autónomos. La mayoría de las dependencias han dejado de abastecer información pública esencial, como contratos, nómina y currículo de funcionarios.
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que alberga cerca de 15 millones de datos de los gobiernos de todo el país y señala a los gobiernos que no cumplen, ha dejado de actualizarse. Esto ha ocurrido con la complicidad de un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) en Baja California que ha mostrado una actitud complaciente y pasiva.
Es inaceptable que, mientras los gobiernos tratan de ocultar la corrupción, el órgano encargado de garantizar la transparencia no dé el ejemplo en buenas prácticas de rendición de cuentas.
Al revisar la sección del ITAIP en la PNT, se observa que muchos datos que deberían ser públicos no se están proporcionando. Aunque el ITAIP tiene información actualizada sobre la nómina, que no excede los 30 trabajadores, los comisionados Jimena Jiménez Mena, Luis Carlos Castro Vizcarra y el presidente José Francisco Gómez McDonough no han avanzado en temas cruciales, como la regulación de las declaraciones patrimoniales.
En la sección de “declaraciones patrimoniales”, se puede notar que ni siquiera los 99 mil pesos mensuales de salario que reciben los comisionados justifican su falta de rendición de cuentas respecto a sus bienes. Justifican su inacción alegando la inoperancia del Poder Legislativo como excusa.
El mensaje que aparece en más de 20 apartados de las declaraciones patrimoniales del ITAIP intenta justificar su negativa a cumplir con los lineamientos de transparencia, argumentando que están trabajando en colaboración con la Contraloría del Congreso del Estado y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California para generar un hipervínculo correspondiente.
A nivel federal existen lineamientos que permiten conocer las declaraciones patrimoniales y de interés de los representantes populares. Sin embargo, en Baja California, el ITAIP ha optado por no hacer pública su información, aludiendo a la ausencia de disposiciones locales. Esta situación se atribuye al Congreso del Estado, de mayoría morenista, pero no debería ser un impedimento para que el ITAIP asuma su compromiso con la rendición de cuentas. Además, el Instituto no ha hecho públicos los contratos de servicios adquiridos durante 2025, ni los arrendamientos ni la compra de papelería, lo que resulta irregular.
Si el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública no establece un estándar, ¿qué se puede esperar del resto de los funcionarios y representantes populares?
