Con el incremento de las facturas eléctricas, los estados en Estados Unidos enfrentan la presión de proteger a los consumidores residenciales y comerciales del impacto de los altos costos energéticos generados por los centros de datos de las grandes empresas tecnológicas, que consumen una cantidad masiva de energía.

No está claro si algún estado ha encontrado una solución efectiva, y resulta complicado medir el impacto real de los centros de datos en las facturas eléctricas. Algunos críticos cuestionan la disposición de los estados para adoptar medidas enérgicas contra gigantes tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon y Meta.

Sin embargo, más de una docena de estados ha comenzado a actuar, a medida que los centros de datos impulsan la rápida construcción de nuevas plantas de energía y líneas de transmisión.

Esto ha llevado a una presión sobre el mayor operador de la red eléctrica del país para que limite los aumentos de precios, evalúe el impacto de los centros de datos en las facturas de electricidad, o inste a los propietarios de estos centros a asumir una mayor parte de los costos de transmisión local.

El incremento en las facturas eléctricas es un tema recurrente en los encuentros legislativos. “Hemos recibido un número sin precedentes de intervenciones sobre este tema en la comisión de servicios públicos”, mencionó Charlotte Shuff, de la Junta de Servicios Públicos de los Ciudadanos de Oregon, un grupo de defensa del consumidor. “Hay un gran clamor por soluciones”.

No son el típico consumidor de electricidad

Ciertos centros de datos podrían demandar más electricidad que ciudades como Pittsburgh, Cleveland o Nueva Orleans, haciendo que grandes fábricas parezcan insignificantes en comparación. Esto obliga a los legisladores a reconsiderar un sistema que, históricamente, ha distribuido los gastos de transmisión de manera equitativa entre diversos consumidores según su consumo eléctrico.

“Gran parte de esta infraestructura, que implica miles de millones de dólares, se está construyendo para beneficiar a un reducido número de clientes e instalaciones, que son algunas de las empresas más adineradas del mundo”, afirmó Ari Peskoe, director de la Iniciativa de Derecho Eléctrico de la Universidad de Harvard. “Parece que algunas de las premisas fundamentales en las que se ha basado este modelo están en cuestionamiento”.

Peskoe propuso que una solución podría resultar en un “conflicto” entre las distintas categorías de usuarios de servicios públicos.

A pesar de ello, algunos funcionarios restan importancia al papel de los centros de datos en el aumento de las facturas eléctricas. Tricia Pridemore, de la Comisión de Servicios Públicos de Georgia y presidenta de la Asociación Nacional de Comisionados Reguladores de Servicios Públicos, destacó un suministro eléctrico ya limitado y el aumento de costos de infraestructura, desde líneas eléctricas hasta generadores, mientras las empresas de servicios públicos reemplazan equipos obsoletos.

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