Mexicali, BC. A diez años de la revuelta de miles de jornaleros agrícolas –principalmente indígenas mixtecos de Oaxaca y Guerrero– contra la explotación laboral en las fincas y agroindustrias de San Quintín, persisten los bajos salarios, las condiciones laborales precarias y la carencia de seguridad social. Además, continúan denunciándose casos de acoso sexual por parte de mayordomos hacia las trabajadoras del campo.
En la madrugada del 17 de marzo de 2015, los jornaleros de San Quintín, que en ese momento formaba parte de la delegación de Ensenada y que hoy es un municipio de Baja California, decidieron bloquear la carretera Transpeninsular como forma de presión para obtener mejores contratos colectivos y el apoyo de organizaciones sindicales en Estados Unidos.
Ese día, los jornaleros detuvieron la producción agrícola y resumieron su lucha en un pliego petitorio de 13 demandas, que iniciaba con denuncias de acoso sexual y trabajo infantil, seguido de solicitudes de servicios médicos, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un aumento en la remuneración por la recolección de productos de temporada, especialmente de frutos rojos.
A una década del movimiento, Abelina Ramírez, quien emergió como líder sindical en ese entonces, menciona que se han logrado algunos avances, aunque estos son insuficientes dado el rezago histórico de estas comunidades, donde viven alrededor de 50 mil jornaleros, que enfrentan “el sur profundo de la desigualdad social y la explotación laboral”. Las demandas de mejores salarios, condiciones laborales y protección social siguen siendo relevantes, del mismo modo que el llamado para frenar el acoso sexual de los mayordomos hacia las jornaleras, explicó en una entrevista.
Aquella jornada de hace diez años, con sus rostros cubiertos por pañuelos y sosteniendo pancartas con mensajes que reivindicaban la lucha campesina, los trabajadores realizaron varios bloqueos en tramos carreteros vitales, por donde transitaban camiones de carga, autobuses que conectan Los Cabos con Tijuana, y vehículos de turistas.
Las protestas se extendieron durante una semana, periodo en el cual el gobierno estatal de Francisco Vega de Lamadrid (2013-2019) llevó a cabo detenciones arbitrarias y redadas contra jornaleros, sin distinguir entre los que participaron en los bloqueos y aquellos que se manifestaron frente a las fincas. Este alzamiento desencadenó enfrentamientos con la Policía Estatal Preventiva y con guardias de seguridad de las agroindustrias, lo que llevó a los gobiernos federal y estatal a participar en mesas de trabajo en busca de soluciones, que incluyeron incrementos en la remuneración de los jornaleros, logrando que el IMSS registrara a 25 mil jornaleros sin sancionar a las empresas por no actualizar sus listas de beneficiarios.
En ese momento, los trabajadores se asociaron en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, con una estructura horizontal de representantes surgidos de la lucha, que lograron desacreditar a los sindicatos afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Regional Obrera Mexicana, con las que los patrones tenían pactados los contratos colectivos. Asimismo, se formó el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), liderado por Abelina Ramírez, quien busca unir liderazgos sindicales antes de finalizar su mandato en junio de 2025.
El sindicato se enfoca en concientizar sobre los derechos de los jornaleros y en el trabajo de base en cada centro laboral. La justicia aún es esquiva y queda mucho por hacer, especialmente en lo que respecta a prestaciones laborales, comentó Rodríguez. Uno de los riesgos que observa es el contrato de jornaleros guatemaltecos por parte de empresas como Berrymex, que les aseguran empleo, legalización y documentos migratorios en Estados Unidos.
