El Cabildo del Ayuntamiento de Ensenada aprobó, con mayoría de votos, el reconocimiento y pago de 13.5 millones de pesos a LUMO Financiera del Centro, S.A. de C.V., por servicios de recolección de basura realizados en el primer semestre del 2025.
Según las primeras investigaciones de la Sindicatura Municipal, la supuesta deuda no cuenta con un fundamento legal, ya que se solicitaron documentos del contrato vigente y los procedimientos jurídicos adecuados.
El 15 de julio tuvo lugar una sesión de Cabildo donde la mayoría aprobó la propuesta de la presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, quien también votó a favor del pago.
Los antecedentes de pagos a esta empresa se remontan a la administración del exalcalde Armando Ayala Robles, quien contrató a LUMO Financiera, cuyo propietario es Luis Montaño García, un cercano colaborador del senador Adán Augusto López Hernández.
Montaño participó en la campaña presidencial de Adán Augusto y fue designado, por él, como coordinador de asesores del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Ayala Robles también apoyó su candidatura, proporcionando recursos para su campaña en Ensenada, y varios colaboradores de su administración abandonaron sus cargos para unirse a dicha campaña.
Más de dos años atrás, Ayala Robles, ahora senador, solicitó el arrendamiento de al menos 18 camiones recolectores de basura, todos rotulados con su imagen o la de su gobierno. Durante el primer semestre de 2025, en la actual administración, los mismos vehículos continuaron operando sin un contrato renovado, licitación pública o dictamen del comité de adquisiciones, incumpliendo así la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
A pesar de que la Tesorería Municipal confirmó que no se procesaron pagos durante ese periodo, el Cabildo aprobó el gasto para LUMO S.A. de C.V. Esta sociedad financiera, asentada en el Estado de México, ha trabajado con varios gobiernos municipales, especializándose en arrendamiento y financiamiento para el sector público.
De acuerdo con la Ley Orgánica de los municipios, aprobar un pago sin un contrato o licitación implica un delito penal, que puede incluir peculado, malversación de fondos públicos, colusión entre funcionarios y tráfico de influencias. La falta de procesos competitivos también representa una violación a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos.
Durante una rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que habrá investigaciones por parte de diversas instancias gubernamentales. La Secretaría Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación se encargarán de la supervisión del caso.
La Sindicatura Municipal, liderada por Eli Oviedo, confirmó la apertura de una carpeta de investigación sobre las posibles responsabilidades administrativas y penales relacionadas con este asunto. Si se comprueban faltas graves, los funcionarios implicados podrían enfrentar sanciones administrativas y penales por delitos de corrupción.
El 22 de julio de 2025, el Comité de Adquisiciones inició el análisis de nuevas propuestas para la recolección de residuos, programando el fallo para el 24 de julio y la firma del contrato al día siguiente, nuevamente con LUMO Financiera por un monto de 13.7 millones de pesos. Este contrato incluye 15 camiones recolectores y otros vehículos, con vigencia hasta diciembre de 2025.
La investigación de la Sindicatura determinará si los funcionarios, incluida la presidenta municipal y los regidores que votaron a favor, enfrentarán sanciones, ya que ningún involucrado tiene fuero. Los funcionarios bajo investigación por el pago y el nuevo contrato son el Oficial Mayor, Eleazar López Quihuis; el tesorero municipal, Víctor González Verduzco; la directora de Servicios Públicos, Carolina Rivas; y los miembros del cabildo que apoyaron la medida.
