En el contexto de las crecientes tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, el juez Alexandre de Moraes ha tomado un protagonismo significativo. Este magistrado del Supremo Tribunal brasileño está a cargo de un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y ha sido sancionado por EE.UU. a través de la Ley Global Magnitsky.
Esa ley, implementada por EE.UU. para castigar a extranjeros involucrados en violaciones graves de derechos humanos o corrupción, fue utilizada por el gobierno de Donald Trump contra Moraes después de no recibir resultados en su intento de eliminar los cargos contra Bolsonaro.
Bolsonaro, quien se alinea con Trump, ha sido acusado de orquestar un complot para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Trump, en respuesta a este proceso, firmó un decreto que incrementa los aranceles a productos brasileños, haciéndolo en un contexto de acusaciones de “caza de brujas” contra Moraes.
Este enfrentamiento ha llevado a los observadores a analizar similitudes con los eventos del 6 de enero de 2021 en EE.UU., cuando Trump se enfrentó a un juicio político por su rol en el asalto al Capitolio. Los partidarios de Bolsonaro intentaron acciones similares en Brasil en enero de 2023 para obstaculizar la asunción de Lula.
A pesar de las sanciones de EE.UU., Moraes recibió respaldo del Supremo brasileño, que reafirmó su apoyo al juicio contra Bolsonaro. Aquellos que conocen al juez destacan su determinación y disposición para enfrentar desafíos, describiéndolo como alguien que no se amedrenta.
Moraes, quien ha estado expuesto a la controversia y presión a lo largo de su carrera, combate las “milicias digitales” que difunden desinformación y minan la democracia. Sus decisiones, aunque a veces polémicas, tienen un sustento legal sólido y son respaldadas mayoritariamente por sus colegas del Supremo, según analistas.
La situación alrededor de Moraes y Bolsonaro se intensifica a medida que se acerca el juicio final, donde Bolsonaro podría enfrentar una condena de más de 40 años de prisión. Aunque el expresidente descarta las acusaciones como parte de una persecución política, el ambiente se mantiene tenso, con Lula criticando el comportamiento de los Bolsonaro y afirmando la independencia del Supremo.
