Desde que los gobiernos de MORENA llegaron a Baja California, la estrategia de seguridad ha estado marcada por la falta de planificación.
En un lapso de poco más de cinco años, se pasó de aglutinar la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado en una súper fiscalía, respondiente a los deseos del gobernador Jaime Bonilla Valdez, a la separación de estas entidades nuevamente bajo la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Durante esta transición, se formó la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, que dependía de la extinta Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría y la Fiscalía fueron nuevamente separadas, y se creó una nueva policía con una estructura organizativa diferente. Sin embargo, la llegada de un mando militar a la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana provocó el desplazamiento del abogado Ricardo Iván Carpio a la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de que él había diseñado la nueva Secretaría.
A pesar de la expectativa de estabilidad durante los seis años de gobierno, la realidad ha sido muy diferente. La única constante en la dirección de seguridad ha sido el cambio, tanto a nivel local como estatal. Las decisiones clave relacionadas con la seguridad han estado influenciadas por imposiciones militares y caprichos políticos.
Desde noviembre de 2021, se han reportado 383,898 delitos en materia de fuero común, con un porcentaje de subregistro del 89 por ciento, de acuerdo con el Diagnóstico de Percepción de Seguridad y Victimización de Baja California. Se han documentado 7,997 asesinatos, destacando junio de 2022 como el mes más violento desde noviembre de 2021, con 230 homicidios, de los cuales solo 120 fueron clasificados formalmente como feminicidios. Desde hace años, Baja California ocupa un lugar entre las cinco entidades más peligrosas del país, compitiendo con estados como Guanajuato y Zacatecas.
Aunque se menciona una reducción del 18 por ciento en los homicidios al inicio de 2025, esta afirmación ha generado escepticismo. Roberto Quijano, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, observa que la Fiscalía General del Estado (FGE) no contabiliza a los desaparecidos, lo que podría influir en estas cifras optimistas.
En los más de tres años de gobierno de Marina del Pilar Ávila, han ocurrido 30 cambios en la dirección de seguridad en el Estado y sus municipios, incluyendo tres fiscales y seis directores estatales. La inestabilidad ha sido evidente, y durante casi cuatro años de administración, la situación de inseguridad ha superado a las corporaciones policiales. Octavio Sandoval López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali, considera que la falta de recursos y equipamiento para las policías ha sido un factor decisivo en el deterioro de la seguridad.
