Recientemente, tres anuncios han puesto de manifiesto los crecientes retos económicos que enfrenta México, a pesar de ciertos indicadores que parecieran positivos. Las comunicaciones provinieron de Washington, Santiago de Chile y el Palacio Nacional. En conjunto, estas informaciones no pintan un panorama alentador: indican que el contexto global se torna cada vez más desfavorable para nuestro país.
Este miércoles, Donald Trump dio a conocer un nuevo acuerdo comercial con Japón que estipula una reducción de aranceles a los vehículos japoneses importados, bajando del 25% al 15%. En contraposición, los automóviles producidos en México continuarán pagando el 25%, a menos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC. Esto señala que el país ya no goza del trato preferencial automático en su principal mercado.
Dicho anuncio no surgió de la nada. El 18 de julio, General Motors reveló una inversión de 4,000 millones de dólares en Estados Unidos para trasladar la producción de modelos actualmente ensamblados en Coahuila. Esta decisión no refleja una pérdida de competitividad de México en costos o capacidades, sino una respuesta preventiva ante los aranceles impuestos por Trump. GM busca eludir penalizaciones y garantizar el acceso al mercado estadounidense. Por su parte, Nissan anunció en abril el cierre parcial de líneas de producción del modelo Rogue en México, trasladando operaciones a su planta en Tennessee como una medida de protección ante los aranceles. Así, la política comercial de Washington está reconfigurando las cadenas de suministro sin necesidad de renegociar tratados.
El segundo anuncio provino de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que desde Santiago informó que México recibió 45,337 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) en 2024, lo que representa un aumento del 47.9% en comparación con 2023. Sin embargo, el desglose revela un problema: el 71.3% de esta inversión fue reinversión de utilidades, es decir, dinero que ya estaba en el país. Solo el 15.8% correspondió a nueva inversión y el 12.9% a transferencias internas, lo que indica movimientos contables entre filiales de las mismas empresas. Este dato no valida un auge del nearshoring, sino más bien señala la falta de llegada de nuevas empresas, que observan con cautela el entorno jurídico, energético y de seguridad en México.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó un dato positivo: la inflación bajó a 3.55% anual durante la primera quincena de julio, frente al 4.13% del mes anterior. Aunque es un alivio para los consumidores, esta situación podría ser transitoria: cuando comiencen a aplicarse los aranceles de Trump a insumos extranjeros —como acero, aluminio, cobre o componentes asiáticos y europeos— que incrementarán los costos de productos fabricados en Estados Unidos y exportados a México, los precios podrían subir, ejerciendo nuevamente presión sobre la inflación.
En conclusión, México no está perdiendo inversión debido a la falta de mano de obra o altos costos, sino por decisiones políticas externas que reconfiguran el comercio y por debilidades internas que limitan su capacidad de respuesta. Mientras Estados Unidos premia a Japón, castiga a México. Aquí, el gobierno celebra indicadores positivos que, aunque significativos, podrían verse comprometidos si no se sustentan con una estrategia firme para atraer nueva inversión y proteger el acceso al mercado estadounidense. El país debe enviar señales claras de certidumbre o quedará al margen del nuevo mapa global de producción.
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