La salida del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fue abrupta, aunque no sorprendente. Su llegada, como exjefe de seguridad en Tijuana y Ciudad Juárez durante gobiernos del PAN, fue considerada una imposición de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ignorando la opinión de la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez.
Este hecho se evidenció cuando, el lunes 14 de julio, la presidenta Municipal declaró que su confianza siempre había estado con Luis Felipe Chan Baltazar, lo que refleja el descontento hacia Leyzaola, quien apenas estuvo en el cargo menos de cuatro meses.
Julián Leyzaola es un personaje con un historial mixto, muy aceptado en Tijuana por su contribución a la pacificación en tiempos de violencia en 2009. Su popularidad lo llevó a obtener buenos resultados electorales en sus intentos por la presidencia municipal del lugar.
Su trabajo en el Ayuntamiento de Mexicali no se caracterizó por la creación de alianzas, y aunque se argumenta que su insubordinación fue un gran problema, también emergieron disputas, como sus acusaciones de corrupción hacia el comandante de Tránsito Municipal, Vicente Robles. Asimismo, tuvo un altercado al arrestar a un oficial de Alcoholes, quien estaba involucrado en una extorsión.
Sin embargo, Mexicali no era el destino esperado por Leyzaola, quien había sido prometido un cargo como secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana en 2024. Su renuncia parece ser el resultado de un conflicto político, amplificado por rumores de amenazas a su familia, pero en esencia, fue una decisión solicitada por la alcaldesa a la gobernadora.
La tarde del 10 de julio, la Gobernadora Ávila Olmeda se reunió con autoridades locales, donde la alcaldesa Bustamante expresó su frustración respecto a Leyzaola y solicitó su remoción. La gobernadora le otorgó el poder de decisión, aunque ya había entregado un documento con sus inquietudes y reclamos en torno al exjefe policiaco.
A pesar de su mandato, la gestión de Leyzaola fue criticada por la falta de coordinación con la administración municipal y sus desacuerdos en temas de seguridad. Esto se sumó a la denuncia por su negativa a pasar los exámenes de confianza. Durante su breve mandato, la baja en índices delictivos fue menor a lo reportado por su predecesor, y su estilo de liderazgo provocó descontento dentro de la institución, lo que a la larga contribuyó a su salida.