Las fuerzas policiales en Baja California enfrentan múltiples deficiencias, desde la falta de seguridad social digna hasta carencias en equipamiento y salarios estancados durante la última década. La pandemia de COVID-19 intensificó la crisis, llevando a varios cuerpos policíacos a radicalizar sus demandas y efectuar protestas y amparos para exigir el cumplimiento de una disposición legal vigente desde 2018 sobre seguridad social. Alejandro Monreal Noriega, representante de trece organizaciones policíacas, señaló que el gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una nueva Ley de Seguridad Pública para revisión, aunque quedó corta en temas de seguridad social. Monreal ha solicitado participar en mesas de trabajo para contribuir con propuestas que han desarrollado durante tres años.
Hace aproximadamente una década, Baja California contaba con las corporaciones policíacas mejor valoradas a nivel nacional, ofreciendo beneficios significativos, salarios competitivos y equipamiento avanzado, incluso helicópteros para patrullaje. Sin embargo, las condiciones de seguridad social eran deficientes. Algunas instituciones, como la policía de Mexicali, implementaron fideicomisos para complementar las pensiones, ya que consideraban insuficientes las aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Desde 2020, las corporaciones han enfrentado escasez de recursos, servicios de salud inadecuados, y condiciones laborales desfavorables. A raíz de la emergencia sanitaria, la urgencia de modificaciones legislativas se ha amplificado, dado que más de veinte policías fallecieron debido al virus. Esto ha llevado a una revisión crítica de la legislación vigente para garantizar un marco legal que atienda las necesidades de los agentes.
El 20 de julio, se presentó ante el Congreso del Estado la nueva Ley de Seguridad Pública, pero según Alejandro Monreal, hay muchas áreas de mejora. El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, criticó la falta de apoyo a los policías en el enfrentamiento a problemas complejos y solicitó programas de capacitación en Derechos Humanos.
En Mexicali, desde 2016, se han reportado fallas graves, incluyendo la falta de atención a las cuotas del IMSS, provocando una deuda de 45 millones de pesos solo por los agentes amparados. Esta situación es crítica, ya que afecta la seguridad social de los agentes, y se contempla un déficit que podría ascender a 160 millones de pesos. En respuesta, han comenzado procesos para regularizar esta situación y abonar una parte de la deuda.
La Policía Municipal de Tijuana es consciente de sus carencias y ha elaborado un documento con demandas específicas, incluyendo la seguridad social para familiares de agentes con discapacidad, atención psicológica, y condiciones justas de jubilación. Se han mantenido reuniones con las autoridades para buscar soluciones a estos problemas, además de criticar la falta de atención al ISSSTECALI, que tiene un déficit de 250 millones de pesos en cuotas no pagadas.
Por otro lado, la situación en los municipios de Ensenada y Tecate es alarmante. En Ensenada, su personal ha estado sin incremento salarial durante siete años, mientras que en Tecate, las condiciones laborales son las peores del estado, obligando a los agentes a protestar y buscar amparos para obtener derechos básicos como servicios de salud. Estas circunstancias reflejan una necesidad urgente de reformas que garanticen la seguridad y bienestar de los cuerpos policiacos en el estado.
