A la ya extensa lista de desacuerdos y conflictos comerciales entre México y Estados Unidos se añade uno nuevo relacionado con la industria aeronáutica.
Las acusaciones y sanciones provenientes de Estados Unidos hacia México generan incertidumbre y pueden impactar negativamente a la industria aérea mexicana.
El gobierno estadounidense se reserva el derecho de controlar la admisión de vuelos provenientes de México, lo que pone en peligro la colaboración entre Aeroméxico y Delta, ya que cancela la inmunidad antimonopolio que existía entre ellas, aunque permite que Delta mantenga su participación en Aeroméxico.
Además, exige al gobierno mexicano que revoque las medidas que afectan a las aerolíneas estadounidenses. En el corazón de esta nueva controversia, según la respuesta pública del gobierno de EE. UU., se encuentran las políticas implementadas por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Estas medidas buscan promover el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) mediante el traslado del negocio de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de intentar “aliviar” la saturación del AICM a través del reordenamiento de los slots de despegue y aterrizaje, junto con el incumplimiento de las promesas de modernización que justificaron estas restricciones.
El anuncio emitido el pasado sábado por Estados Unidos es claro y específico en sus acusaciones, manifestando la intención de “combatir el abuso” y “prácticas anticompetitivas”. Se señala que “en respuesta a las prácticas injustas y restrictivas del gobierno mexicano que afectan a sus aerolíneas”, el gobierno estadounidense anunció acciones contra México en el ámbito del transporte aéreo internacional bajo la política “América First”.
Según el secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy, el gobierno mexicano ha estado socavando el acuerdo bilateral de aviación durante años. Por esta razón, se ha resuelto a defender los intereses de sus trabajadores y aerolíneas, bajo la premisa de que Estados Unidos no tolerará el trato injusto hacia sus empresas.
Entre las acciones anunciadas se encuentran la revisión y aprobación de la planificación de rutas para las aerolíneas mexicanas que operan vuelos regulares a EE. UU., nuevos requisitos de aprobación para vuelos charter grandes entre ambos países, y la propuesta de eliminar la inmunidad antimonopolio del acuerdo entre Delta Air Lines y Aeroméxico, lo que impedirá la coordinación conjunta en tarifas, capacidad e ingresos.
Desde la perspectiva del experto en aeronáutica, Carlos Torres, aunque Delta pueda seguir teniendo acciones en Aeroméxico, la cuestión se centra en qué sentido tendría esa participación si no existe cooperación. En definitiva, la sanción impactará económicamente a ambas aerolíneas, ya que la colaboración permite reducir costos en diferentes aspectos operativos.
México tendrá que realizar un esfuerzo significativo de cabildeo frente al DOT para abordar esta problemática y resolver las cuestiones operativas en el AICM. Está claro que la decisión de cancelar el Aeropuerto de Texcoco, tomada por la administración lopezobradorista, sigue generando consecuencias serias, además de altos costos económicos.
Atisbos de otros cambios son evidentes, como el relevo en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), donde Larry Rubin será sustituido interinamente por Karla Gabriela Baez, justo tras sus críticas al gobierno mexicano en relación al T-MEC, apoyando la gestión de Donald Trump.
