Los fiscales de la Administración Trump y los abogados de Kilmar Abrego García han establecido un acuerdo que permite mantener al salvadoreño bajo custodia por 30 días. Esto implica que durante este periodo, el detenido no será deportado. La defensa ha comunicado este acuerdo en una solicitud enviada al juez encargado de decidir sobre su posible libertad mientras se espera el juicio. Abrego García, deportado erróneamente a El Salvador en marzo y regresado a EE.UU. en junio, está acusado de transportar migrantes indocumentados en el país y actualmente se encuentra bajo custodia en Tennessee.
Este acuerdo retrasa los planes del Gobierno de deportar a Abrego García a un tercer país, siendo México o Sudán del Sur posibles destinos. En un documento presentado ante el juez de distrito Waverly Crenshaw, los abogados de Abrego García expresaron que el acuerdo proporciona tiempo adicional para que su cliente evalúe sus opciones legales.
El Gobierno había solicitado al juez Crenshaw que revocara la orden de la magistrada Barbara Holmes para liberar a Abrego García mientras se espera el juicio. Holmes determinó que no representaba un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad y, aunque inicialmente decidió su libertad, decidió mantenerlo detenido bajo petición de los abogados. Esto se hizo para evitar que, al ser liberado, fuera arrestado nuevamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El documento presentado por la defensa indica que “el Gobierno no se opone a esta solicitud, y una demora tan breve no afectará la preparación para el juicio, ni la deliberación sobre la orden de programación”. Además, el Gobierno ha asegurado a la defensa que continuará presentando pruebas durante los próximos 30 días y que las partes seguirán trabajando juntas en la orden de programación antes de la fecha límite del 30 de julio de 2025, sin prever cambios en la fecha del juicio programado para el 27 de enero de 2026.
El caso de Abrego García se ha convertido en un símbolo de las injusticias de la campaña de deportaciones de Donald Trump, especialmente tras la admisión de que su deportación accidental a El Salvador fue un error. Contaba con una protección judicial desde 2019, que le prohibía ser expulsado por temores de represalias de pandillas locales. A pesar de esto, el Gobierno de Trump procedió con su deportación, argumentando que pertenecía a la pandilla MS-13, algo que Abrego García siempre ha negado y que no ha sido demostrado por el Gobierno.
Abrego García, de 29 años, llegó a EE.UU. a los 16 años escapando de la violencia pandillera. Hasta su deportación en marzo, residía en Maryland con su esposa y tres hijos, donde trabajaba como obrero metalúrgico.
La confusión ha sido evidente en las estrategias que la Administración ha utilizado en su caso. Después de reconocer que la deportación fue un error, el Gobierno, incluido Trump, lanzó una campaña para justificar la decisión, catalogando a Abrego García como un peligroso criminal. Tras meses de afirmar que nunca regresaría a EE.UU., fue devuelto el 6 de junio para enfrentar cargos penales. Los abogados de Abrego García han cuestionado la validez de los testimonios presentados por la fiscalía, ya que algunos testigos han recibido beneficios a cambio de su colaboración.
Además del juicio actualmente en marcha en Tennessee, existe un proceso civil en Maryland relacionado con su deportación a El Salvador en marzo. La jueza Paula Xinis se encuentra a cargo de decidir sobre la petición de la defensa de Abrego García para que se emita una nueva orden que lo proteja de una posible expulsión.
