La rescisión del contrato con Iberparking en Tecate implicará un costo significativo para la administración liderada por Román Cota Muñoz. Según las negociaciones entre el XXV Ayuntamiento y la empresa, que han contado con la supervisión de un Comité de Vigilancia, el costo podría alcanzar decenas de millones de pesos.
“Hemos estado trabajando en diversas propuestas. Las ofertas iniciales de la empresa estaban fuera de lugar y representaban un impacto económico que el gobierno municipal no podía asumir”, declaró Román Cota Muñoz en una entrevista con ZETA. “Recientemente, se presentó otra propuesta. No estoy seguro, pero podría estar en el rango de 100 a 200 millones de pesos”, agregó.
Los miembros del Grupo Organizado en Defensa de las y los Tecatenses criticaron la intención del Ayuntamiento de compensar a la empresa operadora de parquímetros y sostuvieron que la figura de indemnización no debería considerarse en este proceso de rescisión.
“Desde un inicio, sabemos que esto no es lo adecuado. La empresa incumplió al no regresar por su acto reclamado en 2019”, señaló Anabel Vázquez Terán, integrante y asesora jurídica de GODT.
En 2019, se les otorgó a Iberparking S.A. de C.V. un plazo para solicitar un permiso de operación tras obtener un amparo contra la revocación de su contrato. “No cumplió con regresar dentro de los 15 días que le otorgó el juez, por lo que no tienen fundamento legal para reclamar indemnización”, afirmó en esta publicación Hugo Aguilar Hinojosa, miembro de GODT.
Anabel Vázquez también destacó que la empresa no posee un permiso de operación y solo está autorizada para utilizar el local donde están sus oficinas. “Esto es una ilegalidad”, sustentó, añadiendo que existe documentación que demuestra que la empresa no tiene autorizaciones adecuadas para operar en el área del estacionamiento público.
El contrato de Asociación Público-Privada con Iberparking S.A. de C.V. fue firmado en 2016, durante la administración de César Moreno. En el gobierno de Nereida Fuentes (2016-2019), el cabildo decidió revocar el acuerdo por irregularidades. La empresa intentó revertir dicha decisión legalmente y logró, pero en 2020, durante la alcaldía de Olga Zulema Adams, se acercó al Ayuntamiento para restablecer operaciones. Actualmente, bajo el gobierno de Édgar Darío Benítez, opera 580 cajones de estacionamiento en un área de 80 manzanas.
